El juicio por la supuesta malversación de 147 millones de euros en las obras de urbanización de Plaza quedó ayer visto para sentencia. Las siete horas de duración de la última sesión dieron para que las acusaciones incidieran en la corrupción admitida por 22 de los 25 acusados; que las defensas de los tres procesados que se declaran inocentes (el exviceconsejero Carlos Escó, y los empresarios Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría) afirmaran que no se han podido probar sus delitos, y que los dos cerebros de la trama, el exgerente Ricardo García Becerril y el directivo de Acciona en Aragón, José María Jordán pidieran perdón a los aragoneses. Casualmente, los dos únicos acusados que ingresarán en prisión, tras admitir una pena de dos años y un día de cárcel.

Los fiscales Anticorrupción, José Grinda y Juan José Rosa, se centraron en intentar convencer a los magistrados de la Audiencia de Zaragoza de que condenen a Escó a cuatro años y nueve meses por malversación, prevaricación y tráfico de influencias; a Floría a 3 años y 3 meses como cooperador necesario en dichos delitos, y a Iglesias a cinco años y 10 meses de prisión por los delitos de falsedad documental y cohecho.

Tanto Anticorrupción, como el abogado de la DGA, Juan Pérez Mas, y la letrada de Plaza, Laura Martínez, insistieron en que actuaron de forma irregular, aunque dieron a todo ello imagen de legalidad con facturas falsas, troceando otras para evitar la publicidad que exige la ley de contratos públicos o empleando el poder, en el caso de Escó, de ser el viceconsejero del Gobierno de Aragón y consejero delegado en Plaza.

Resaltaron, por ejemplo, que una empresa de Agapito Iglesias, Multiinversiones, encargó a las hijas de García Becerril un informe a través de Pulsar, una empresa pantalla para cobrar peajes de constructores que querían trabajar para Plaza. «El informe es de junio del 2005 y casualmente hasta el 13 de octubre de ese año no se supo el nombre de Pulsar», resaltaron las acusaciones, que señalaron que Iglesias no solo abonó 58.000 euros por ese trabajo, sino que dejó de cobrar alquileres y fianzas al negocio que puso en marcha Carolina y Patricia García Planté.

Con respecto a Escó aseguraron que ayudó a «su amigo» Floría concediéndole una serie de trabajos como revestimientos «caros» de naves o vídeos «que han desaparecido». A Escó le señalaron por hacer perder dinero en una operación inmobiliaria con la empresa Sanedi y lo relacionaron con «los más de 300.000 euros en efectivo que dispuso fuera de su salario y del de su esposa, la exconsejera Eva Almunia». Todo ello basado en el email que escribió el exgerente para denunciar «las miserias» de Escó.

Nada pudo probarse, según los abogados Jesús García-Huici, Juan Monclús, Miguel Ángel Alemán y Miguel Lanaspa. «¿Por qué hay que creerse ese correo cuando de los nueve delitos que habla el exgerente solo se les acusa de tres», se preguntó García-Huici, quien afirmó que «no se ha probado ni que Escó y Floría son amigos». Monclús, por su parte, señaló que todo ello ha sido un instrumento del Gobierno del PP para desprestigiar a Escó.