Los dos cerebros de la estafa de la cooperativa de VPO del barrio zaragozano de Arcosur, Julio Pinilla Miguel y Carlos Gumersindo Álvarez Pérez, han sido condenados a seis años y un mes de prisión y multas de 5.700 euros por haber ingeniado y desarrollado el timo por el que más de 150 cooperativistas perdieron aportaciones de entre 6.000 y 46.000 euros para las que iban a ser sus casas. Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ven plenamente acreditado que urdieron el plan con la intención de distraer el dinero.

De hecho, ambos son condenados a devolver también el grueso de la indemnización a la cooperativa y a los cooperativistas, representados por los letrados Fernando Rodríguez o Lourdes Barón, entre otros. El total suma más de tres millones de euros, y ambos, junto con el que colocaron como presidente de la cooperativa, Antonio Jesús Villalba Asín, deberán pagar casi la totalidad.

Este, que se definió a sí mismo como «el tonto de la película», ha sido condenado a tres años y un día por el mismo delito, pero teniendo en cuenta su ludopatía, que en buena parte le llevó a aceptar ser colocado como hombre de paja. Lo cual no impide que se lucrase.

Junto a ellos ha sido condenado, en un segundo escalón, el inicial socio de Julio Pinilla, pero pronto desvinculado del negocio, Tomás Laviña Pinilla, a cuatro años de prisión.

Y en un tercer escalón, el abogado asesor de la gestora Pedro Garcés Cortías (dos años, como pactó), el chófer de la mujer de Pinilla colocado como tesorero, Fernando Benito Lázaro (un año y nueve meses, también acordado) y el ficticio intermediario en la compra de terrenos Julián Seral, con otro año y nueve meses. A ellos se suma,como responsable civil, la mujer de Julio Pinilla, Bárbara Menéndez Jandula.

Los magistrados ven acreditado que Pinilla y Laviña resucitaron el fallido proyecto de la cooperativa 2005 Valdespartera Sociedad Cooperativa para un nuevo proyecto en el 2008, en Arcosur. Una promoción para la que acabaron recabando 3.200.000 euros de socios que fueron dilapidados entre la compra abandonada de terrenos por una «desastrosa gestión» (1,6 millones), «disposiciones de dinero fraudulentas» o comisiones a empresas de intermediación gestionadas por ellos mismos.

Independientemente de la cantidad que realmente se quedaran, los jueces consideran que deben resarcir totalmente a los socios porque «la realidad es irrefutable y no pudo deberse más que a la actuación delictiva de los principales acusados».