El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en Aragón (CERMI-Aragón) ha reclamado que el coste de todas las pruebas diagnósticas para detectar contagio por la COVID-19 de personas con discapacidad atendidas en recursos sociales, así como del personal que les presta apoyo, sea asumido por las respectivas Administraciones Aragonesas, como cuestión de salud pública.
Las personas con discapacidad que reciben atención en recursos como residencias, viviendas de apoyo, centros de día y ocupacionales, servicios de atención temprana o de asistencia personal, y los profesionales que prestan sus servicios en los mismos, son un grupo "especialmente expuesto" a la enfermedad, por lo que es de "interés público sanitario" el que se conozca su situación de salud a través de la realización universal y sin coste de las pruebas diagnósticas del COVOD-19, ha explicado CERMI-Aragón.
En la actualidad, el régimen en las comunidades autónomas es, a juicio de la entidad, de "absoluta disparidad". "En unas pocas autonomías el coste de estas pruebas corre a cargo de la Administración sanitaria o social competente, pero en la mayor parte de los territorios este debe ser asumido por la organización social que gestiona el recurso, o por la propia persona con discapacidad o su familia", ha precisado la entidad.
Al respecto, el movimiento asociativo de la discapacidad entiende que "en una situación de pandemia, todos los actos sanitarios que contribuyan a la prevención o control de la enfermedad, son asuntos de salud pública de primer orden, por lo que han de recaer necesariamente en las Administraciones, y no en las personas más vulnerables al contagio y al impacto de la enfermedad".
Proyectar el coste en las personas usuarias de estos servicios sociales, es, según el movimiento CERMI-Aragón, "profundamente injusto, un factor que fragiliza la respuesta a la pandemia, pues muchas personas no podrán hacer frente al gasto que suponen la pruebas y quedarán desprotegidas, ellas y su entorno".
Por ello, el CERMI-Aragón ha exigido al Gobierno de España y a las Comunidades Autónomas que, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se adopten "con urgencia" sendos acuerdos con criterios uniformes de gratuidad y universalidad de las pruebas diagnósticas de la COVID-19 en el ámbito de la discapacidad.
