El grupo de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza presenta en el pleno de hoy una moción para que el Consistorio inste al Gobierno de Aragón a cumplir el convenio suscrito entre ambas administraciones con el fin de cubrir las plazas residenciales concertadas en la Casa de Amparo, actualmente sin cubrir.
CHA también solicitará que el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechace las medidas del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón con las que se está eliminando el sistema público de atención a la dependencia, según se recoge en el texto de la moción.
Para el concejal de CHA Carmelo Asensio "resulta increíble que con la gran lista de espera, nada menos que más de 8.000 personas, según el IASS, para poder entrar a una plaza concertada en una residencia tengamos en Zaragoza 58 plazas de estas características sin asignar".
Por medio de la moción, este grupo también solicita que el Gobierno de la Ciudad defienda el mantenimiento de la Casa de Amparo y todos los servicios que presta, dentro del ámbito de gestión municipal, un servicio modelo en este ámbito.
En su iniciativa, CHA recuerda que desde que se formó el Gobierno autonómico PP-PAR, Zaragoza ha reducido en un 25 % las personas atendidas por la ley de la Dependencia, lo que supone 6.256 beneficiarios menos en tan solo dos años, pasando de contar con 24.981 personas dependientes atendidas en 2011 a 18.725 en noviembre de 2013.
A estas cifras se suman los 8.342 dependientes reconocidos y pendientes de recibir la prestación correspondiente, así como el recorte aplicado por el Gobierno de Aragón en prestaciones económicas y plazas residenciales concertadas.
En materia de empleo y según las fuentes del Ministerio de Sanidad, Aragón ha pasado de 3.660 cuidadores familiares en 2012 a 613 en 2013, lo que supone un 83 %, la mayor parte empleo femenino con más de 2.800 cuidadoras afectadas.
En el caso de la Casa de Amparo, de las 90 plazas dependientes de dicho Departamento sólo ocupa (y paga) 32 de ellas, por lo que son las familias las que tienen que hacer frente a situaciones "muy complicadas en lugar de poder acceder a un espacio que supone uno de los máximos exponentes de las políticas sociales municipales".
Además, advierte CHA que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local el pasado 31 de diciembre, se eliminan de las competencias municipales los servicios sociales.
Este grupo también advierte que los recortes de las prestaciones a las personas dependientes, reduciendo la cuantía y el número de beneficiarios, "generando inseguridad en la ciudadanía y en las Instituciones y destruyendo miles de puestos de trabajo en el sector, contribuyendo a la continuación de la crisis", hacen "peligrar" la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD).
