CHA reiteró ayer la necesidad de que el Gobierno de España adapte la legislación vigente con respecto al impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía, por lo que ha presentado una proposición no de ley para insta al Estado central a promover una regulación legal de este tributo.
Se trata de un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio. Según el portavoz de la formación, Gregorio Briz, «se da la circunstancia de que la aplicación del impuesto provoca situaciones manifiestamente injustas, al constatarse que ha existido una depreciación general de los inmuebles en el período de tiempo del 2006 al 2015». Recordó que los valores catastrales «se establecieron en esos años de máximos precios (2006-2008) y quienes adquirieron los bienes entonces y los transmitieron en época de mínimos precios «han padecido un decremento y se les está liquidando importantes cantidades».
