Después de nueve años de instrucción de la estafa de los pisos de playa, no es de recibo que cuatro personas se sienten en el banquillo de los acusados sin saber de qué se les acusa. También parece increíble que la tercera caja de ahorros de España figure como responsable civil subsidiaria en una causa en la que desconoce a los inculpados y no tiene ninguna relación con los apartamentos con los que se fraguó la estafa. Todos han estado imputados en este tiempo y han tenido que demostrar su inocencia, sin que nadie aportara prueba de su culpabilidad. Esta chapuza judicial es el resultado de que la instrucción haya pasado por tres jueces y sólo la última hizo algo por sacar el caso adelante. No es extraño que la mayoría de los afectados haya renunciado a personarse en este tiempo y dejen la posibilidad de resarcirse de su pérdida patrimonial a la actuación del ministerio fiscal.
