La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) se ofreció ayer como mediadora entre las entidades locales del Pirineo (agrupadas en la asociación Adelpa) y el Gobierno de Aragón para tratar el problema de los expedientes sancionadores interpuestos a municipios que no cuentan con sistema de depuración en marcha.
El presidente del organismo de cuenca, Raimundo Lafuente, mostró además su predisposición a establecer vías estables de comunicación con los municipios, a pesar de que «por cuestiones procedimentales ajenas al organismo» Adelpa como tal no se pueda considerar interesada directamente durante la tramitación.
Lafuente explicó, tras una reunión de tres horas que desbloqueó las relaciones enrarecidas entre las dos partes, que las sanciones no pretenden ser un acto contra los ayuntamientos, ni un juicio de valor sobre la situación sobrevenida, sino que son resultado «de la obligada aplicación de la normativa», sobre la que la CHE no tiene margen de maniobra y que debe dirigirse a los titulares de los vertidos. De hecho, Lafuente manifestó que esta situación no es única en el Pirineo y se ha procedido del mismo modo con municipios de toda la cuenca del Ebro.
La esperada reunión también sirvió para aclarar algunas cuestiones sobre el procedimiento de reclamación de energía reservada y, como ya se ha hecho público en otras ocasiones, está pendiente, primero, de resolución del procedimiento contencioso-administrativo interpuesto por las empresas interesadas en el tema y segundo, de resolución del Consejo de Estado y consejo de ministros sobre el precio de la energía en algunos de los casos incluidos en la reclamación.
La CHE puntualizó que la reclamación siempre se ha referido a la entrega de energía y «no a montantes económicos». Esta energía se la reservó el Estado para su uso previo al abono de un precio que varía según el clausulado de las diferentes concesiones.
Por último, se abordó la situación administrativa del Plan de Desarrollo Sostenible para el entorno territorial de Jánovas (Huesca) que ha cumplido su periodo de exposición pública. Según Lafuente, «en todo momento se han impulsado todas las tramitaciones relacionadas con el pueblo» y se han realizado inversiones en la zona para iniciar la restauración del entorno y restituir a su estado natural el dominio público hidráulico.
