El fallo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) que anula la adjudicación de la gestión de los parques y jardines de Zaragoza a la empresa Acciona ha supuesto un varapalo para el consistorio y para las arcas municipales. A falta de que el ente fiscalizador resuelva un segundo recurso, desde el Gobierno PP-Cs ya piensan en la posibilidad de redactar unos nuevos pliegos, trocear en lotes el contrato (por zonas) y que sea una empresa externa la que se encargue de redactarlos, además de renegociar con FCC el coste del servicio, que supone 300.000 euros extra cada mes al prestarse en reconocimiento de obligación desde el 2017.

Perica, una de las nueve empresas licitadoras y la que obtuvo la peor valoración por parte de los técnicos, recurrió ante del Tacpa la adjudicación alegando que las ofertas de las compañías seleccionadas no se ajustaban a lo establecido en los pliegos. Además de exigir la anulación de la adjudicación y la nulidad del proceso, también solicitó que se excluyera al resto de licitadoras, de manera que pasaría a ser automáticamente la adjudicataria.

Esto es lo que puede suceder salvo que el Tacpa resuelva del mismo modo el recurso presentado por FCC, que también reclama la nulidad del proceso y de la adjudicación. En caso de ser así, que todo apunta a que es lo que sucederá, la adjudicación quedaría desierta por lo que habría que rehacer los pliegos de condiciones. Este sería el escenario ideal para el equipo de Gobierno.

INCUMPLIMIENTOS / La concejala de Parques y Jardines, Natalia Chueca, ha explicado que el tribunal de contratos, al dar la razón a Perica, concluye que las empresas que se presentaron al concurso incumplen alguno de los requisitos que se incluyen en los pliegos de condiciones, como el número mínimo de medios personales. Según Chueca, quizá las valoraciones técnicas no fueron del todo correctas, por lo que indicó que se analizará el proceso realizado para «aprender de los errores» y adelantó que iniciará un proceso de negociación con FCC para tratar de reducir los costes extra que supone cada mes, de 300.000 euros. Por ahora, Zaragoza ya ha pagado casi 8 millones extra.

Aunque el Gobierno municipal tiene que esperar a que el Tacpa se pronuncie sobre el recurso de FCC para valorar si recurren ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), la concejala ha admitido que lo mejor sería redactar unos nuevos pliegos y retomar el proceso de licitación, ya que los tiempos se reducirían. También ha adelantado que se encargaría a una empresa externa la redacción para agilizar los plazos y, aventuró, que serían partidarios de dividirlo en lotes.

La concejala ha responsabilizado al anterior titular de parques y jardines, el concejal Alberto Cubero, de las consecuencias que está teniendo para la ciudad y las arcas públicas esta situación. Y eso que la adjudicación, que es lo que se está cuestionando y lo que se ha anulado, la firmó el actual equipo de Gobierno. Por su parte, Cubero ha defendido que el proceso, ha afirmado que era correcta y ha confesado que habría hecho exactamente lo mismo.