La semana que viene será clave para que los jardineros de Zaragoza cambien de opinión y anulen la convocatoria de huelga, prevista para el día 20. Ayer la concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, se reunió con el comité de la empresa FCC Parques y Jardines para rebajar la tensión y consiguió el efecto contrario al mantener viva la posibilidad de dividir la contrata en lotes. Este es uno de los motivos por los que se convocó la huelga indefinida.

Tras el encuentro, la plantilla anunció que «siguen firmes» en sus «convicciones» y que los paros se iniciarán tal y como se habían previsto. Además, advirtieron que «habrá un conflicto duro y largo hasta que se garanticen» sus derechos laborales y sociales y hasta que el Gobierno PP-Cs se comprometa a mantener la unidad del servicio.

Desde el comité explicaron que, en caso de que se dividiese el contrato y lo explotasen distintas empresas, afectaría a la plantilla y se «anularía de facto la negociación colectiva llevando a la precariedad a los jardineros» que perderían fuerza en las negociaciones colectivas. Además, añadieron que «conllevaría un incremento de costes tanto en maquinaria como en vehículos y supondría un gravísimo problema para la gestión informática y digital del servicio».

Chueca explicó que todavía se está estudiando cuál es la mejor opción para el mantenimiento de los parques e insistió en que la decisión se tomará con el propósito de mejorar el servicio. Los pliegos de condiciones tardarán entre «siete y nueve meses», según explicó, y se externalizarán algunas partes del mismo, por lo que la licitación, con suerte, estará a finales de este año. Una indefinición por la que el comité acusó a la concejala de «estar ocultando la verdad» y la señaló «como máxima responsable del conflicto de parques y jardines».

Por su parte, la conservadora, que aseguró que «contarán con su apoyo para mejorar las condiciones, que vienen heredadas de años anteriores», ya se ha puesto en contacto con FCC, «para pedirles que ajustasen su beneficio e hiciesen una confesión», aunque todavía está pendiente de una respuesta. Lo ha hecho para tratar de reducir el coste extra de 300.000 euros que desde el 1 de enero del 2018 el ayuntamiento abona mensualmente a la contrata.

Chueca sí que se comprometió a incluir cláusulas sociales en los pliegos de condiciones, aunque no adelantó cuáles. Precisamente, este es uno de los temas que están sobre la mesa de negociación del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) en la que comité y empresa volverán a sentarse el lunes.