La consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha reconocido este martes que el fallo del TSJA, que ratifica que la ampliación del Servicio Bizi por parte del anterior Gobierno de ZeC era "ilegal", podría acarrear consecuencias económicas para el Consistorio.

No obstante, Chueca ha indicado en declaraciones a los medios que se reunirá con la empresa concesionaria -Clear Channel- para que, en caso de que hubiera consecuencias económicas para las arcas municipales, estas sean las menores posibles.

La consejera ha reiterado que la ampliación del servicio llevada a cabo por ZeC era "ilegal", como ya manifestó el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) tras un recurso del PP, y que se va a ceñir al cumplimiento de la ley.

Estos, ha continuado, son los "restos" de algunas actuaciones del Gobierno de ZeC, que actuaba sin atenerse a cuestiones legales.

En cuanto al futuro del servicio, ha optado por no adelantar acontecimientos, ya que el contrato no vence hasta 2023 y el mundo de la movilidad cambia constantemente.

En cualquier caso, la consejera ha subrayado que el servicio Bizi está dando "muy buen resultado" para sus usuarios y que el equipo de gobierno va a garantizar que el servicio llegue a toda la ciudad, con la fórmula que estudien en su momento.

Sobre esta resolución judicial se han pronunciado también algunos concejales de la oposición, como Luisa Broto (ZeC), quien ha afirmado no tener detalles sobre la sentencia pero ha defendido la ampliación del servicio Bizi por ser una "demanda ciudadana".

Por su parte, el portavoz de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, ha apuntado que habrá que acatar el fallo del TSJA, "guste o no", aunque ha mostrado su desacuerdo con el mismo.

Sin embargo, ha dicho que lo que verdaderamente le preocupa es que el actual alcalde, Jorge Azcón, entonces líder de la oposición, "se cargó vilmente y de modo artero" la creación de nuevas estaciones en zonas de la ciudad a las que el servicio no llegaba y que esta sentencia es la "excusa perfecta" para que siga "cargándose" la movilidad ciclista.

Ha expresado también su temor ante la posibilidad de que el Gobierno PP-Cs pueda "desmantelar" el Bizi una vez finalice la contrata y les ha tildado de "rancios" por plantear únicamente la reordenación del autobús y la supresión de la línea 2 de tranvía cuando lo "lógico" sería reordenar todo el transporte en la ciudad.