El Ayuntamiento de Zaragoza no llevará finalmente a los tribunales al Gobierno de Aragón por la reforma local. CHA tumbó ayer en el pleno municipal esta posibilidad al abstenerse en una votación en la que el PSOE finalmente solo obtuvo el apoyo de IU para la interposición del recurso contencioso administrativo. Fue una sorpresa que no sentó nada bien entre las filas socialistas, dado que el consistorio zaragozano ha hecho de su oposición a la nueva ley de bases del Ejecutivo de Rajoy su bandera.
No fue el único asunto en el que el tripartito se rompió e incluso la fractura entre Chunta e Izquierda Unida se hizo visible a modo de rifirrafe casi constante en otros asuntos como el híper de Utrillas --IU votó en contra de recurrir al Constitucional, lo que le granjeó los ataques del resto-- o el acuerdo con la junta de compensación de Arcosur para expropiar a los morosos --la formación de izquierdas pidió, una vez más, que se cancele--.
La geometría variable de la que en general Chunta ha hecho gala otras veces comenzó ya al inicio del pleno, en el debate sobre la propuesta urgente que llevó el vicealcalde Fernando Gimeno para interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Gobierno de Aragón en la que le contesta sobre las competencias que puede ejercer el consistorio. En este informe, del 19 de mayo, desde el Pignatelli se detalla que Zaragoza puede mantener todas las competencias que actualmente está ejerciendo porque así las regula la ley aragonesa de administración local, además de las distintas normas sectoriales.
VALIDEZ
Para Gimeno, no obstante, este informe no puede ser válido dado que una circular y un informe modifica sustancialmente una ley de bases, claramente de rango superior. Y, además, según el argumento del vicealcalde, esto supone dejar al consistorio al descubierto legalmente al seguir ejerciendo las competencias. "Lo que tiene que hacer la DGA es una ley porque si no nos deja en una total indefensión jurídica", aseguró.
Pero el vicealcalde no tenía contentos a sus socios. Para empezar por su retraso en desvelar que había recibido respuesta de la DGA, algo que hizo la pasada Comisión de Economía. Y, aunque IU le reprendió, CHA directamente se abstuvo. "El Consejo de Estado dice que se pretende que las leyes sectoriales del Estado atribuyan competencias. A la ley de bases habrá que contraponer otra ley, como ya han hecho otras comunidades", aseguró el portavoz de IU, Pablo Muñoz.
LA ABSTENCIÓN
CHA no estaba por la labor de ponérselo fácil al Gobierno de la ciudad. "Yo siempre apuesto por el diálogo y una forma de iniciarlo no es interponer un recurso judicial. La ley de bases es una falacia. Ya se presentó un recurso de inconstitucionalidad porque vulnera, entre otras normas, el estatuto de autonomía. Usted quiere recurrir esta respuesta por cuestiones económicas", indicó su concejala Leticia Crespo.
"Lleva vendiéndonos varios meses que no tiene competencias, pero la ley autonómica dice que las tiene. Actúe. La ley autonómica también habla de un marco de financiación compartido. Qué puñetas ha hecho usted hasta ahora para impulsar el cumplimiento de su propia moción para pedir la ley de capitalidad", aseguró Crespo. "Yo tengo una máxima en la vida: si la primera vez me engañas la culpa es tuya, si me engañas la segunda, la culpa es mía. CHA no participa de este juego", dijo.
Desde la formación se considera que esperar varios años una sentencia en este sentido no es aceptable para los intereses de la ciudad, dado que en ese periodo las competencias se quedarían en el aire. Además, consideran que la ley autonómica ya establece las competencias propias del consistorio y que solo sería preciso legislar sobre el pequeño porcentaje que queda al descubierto. El desmarque de CHA cayó como un jarro de agua fría. "A mí no me haga responsable de que la contraparte no se siente a hablar con nosotros", contestó Gimeno. Pero no convenció. La abstención de los nacionalistas tumbó el tan anunciado juicio a la DGA. "No hay recurso, ¡fiesta!", zanjó el alcalde Belloch.
