La familia de Amankay Jiménez, la niña de tres años de Movera a la que la Consejería de Educación niega el servicio de transporte escolar hasta el colegio público Pedro Orós, ha iniciado una campaña de recogida de firmas a favor de su causa. En apenas unos días, se han reunido varios cientos de nombres con los que próximamente se acudirá al Gobierno de Aragón para exigir que se revise el expediente de la pequeña.
La recogida se inició hace unos días y se suma a las reclamaciones ya formuladas por la familia ante el Departamento de Educación y a un informe del Justicia de Aragón en el que se insta a la DGA a estudiar el caso de la niña de Movera.
Como ya denunció EL PERIODICO, Amankay vive en el Lugarico de Cerdán, núcleo perteneciente al barrio rural de Movera. Todos los días ve cómo sus primos, vecinos de su misma calle, suben al autobús que los lleva al colegio público Pedro Orós, mientras a ella se le niega el acceso pese a estar matriculada en el mismo centro.
Educación argumenta que a la niña le corresponden otros colegios "más próximos" a su casa, como el Guillermo Fatás, el Juan Pablo Bonet o el Gloria Arenillas. No obstante, para acudir a cualquiera de los colegios que nombra la consejería, Amankay precisaría igualmente el servicio de transporte escolar.
La pequeña ha permanecido varias semanas en casa ante la imposibilidad de la familia de trasladarla hasta el colegio. "La llevamos esta semana de nuevo porque su madre ya ha dado a luz y la situación ya ha vuelto a la normalidad, pero durante muchos días se ha tenido que quedar en casa porque no podíamos coger el coche para llevarla", explicó Esperanza Vázquez, abuela de Amankay.
El informe del Justicia de Aragón ha sido para la familia una bocanada de aire fresco. "Llevamos tantos meses luchando solos que agradecemos ver que otras instituciones nos dan la razón. Estamos convencidos de que lo que reclamamos es el derecho de mi nieta a disfrutar de autobús escolar y estamos dispuestos a ir a un contencioso-administrativo", expuso la abuela.
El documento de García Vicente se hizo público el jueves. Ahora, el Gobierno de Aragón dispone de un mes para responder a la sugerencia del Justicia. "Vamos a esperar a ver qué nos dicen mientras recogemos firmas", añadió.
