La alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, ha advertido a primera hora de la mañana que “no hay confirmación oficial por parte de la eléctrica, que se comprometió a informar a los Ayuntamiento afectados de las decisiones que se tomaran”, aunque reconoce que el “tiempo se agota”. “Las obras tendrían una duración de entre 12 y 18 meses, por lo que Endesa puede realizar las inversiones y lo debe hacer por la responsabilidad social y por la deuda con la comarca”.

“La noticia de hoy es un SOS a la cuenca minera turolense, a la que los Gobierno de PP y PSOE han dejado a su suerte”, denuncia Ciércoles, para lamentar que “no hay una sola propuesta para una transición justa y ordenada, una reindustrialización asegurada y una reversión social a las zonas explotadas por las eléctricas”.

La edil recuerda que Endesa acumuló en 2017 unas ganancias de 1.193 millones, con una mejora de 113 millones sobre los nueve primeros meses de este año. “190 millones permitirían que siguiese funcionando mientras se desarrollan las medidas que necesitamos para la reindustrialización del territorio”, advierte la alcaldesa de Andorra.

Por su parte, el Coordinador General, Álvaro Sanz, critica duramente las formas en las que se está abordando un asunto tan delicado, tan serio y tan importante para Teruel y para toda la Comunidad. “Hoy ayuntamiento y trabajadores se han enterado por la prensa de que la empresa cierra sin existir comunicación oficial, sin que el Gobierno de Aragón sepa nada”, asevera Sanz para reiterar que “las cosas se han hecho y están haciendo rematadamente mal, porque lo peor es que, a día de hoy, esa transición justa de la que tanto habla la ministra ni se la ve ni se la espera, algo inaceptable”.

“Es inaceptable - continúa- que, amparada por los planes de la ministra, la empresa no cumpla con su responsabilidad corporativa para garantizar el tiempo suficiente que requiere una transición justa”.

Para Sanz, “no es de recibo” que el ministerio anuncie el cierre de la central de Andorra en la que no se han hecho las inversiones requeridas por la normativa europea, “sin concretar sus planes y alternativas reales para garantizar una transición justa más allá de declaraciones de intenciones”.

En este sentido, Sanz afirma que “empresa y ministerio salen ganando y los de siempre perdemos”.

“No podemos permitir -añade- que la transición energética justa implique, exclusivamente la sustitución de una fuentes de energía por otras sin transformar en profundidad un sector privatizado fuertemente oligopólico que solo piensa en el negocio y deja por el camino a trabajadores y territorio. Si esto es lo que la Ministra entiende por transición justa nos tendrá enfrente”.

Mañana, la alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, asistirá a la reunión convocada por el presidente aragonés, Javier Lambán, en la que recordarán que “si Aragón no es capaz de presionar a Madrid y cambiar la situación generada, se perderán 580 puestos de trabajo directo y más de 4.000 indirectos en la provincia de Teruel y es consecuencia directa de la falta de compromiso real de las Administraciones, especialmente el Estado, con la reconversión, con el proceso necesario para generar nuevas alternativas que garanticen el futuro de este territorio”.

En cuanto a la propuesta de Izquierda Unida de Aragón, en este sentido, exige al Gobierno que sitúe en el año 2050 el horizonte del 100 % de energías renovables y autosuficientes y mientras “desarrolle, sin dilación, una alternativa de reindustrialización a las cuencas mineras asegurando la actividad más allá del 2020, fecha en la que, de no remediarlo, En el quiere cerrar la central de Andorra”.