Un plan nacional que contribuya a salvar el patrimonio rural en peligro es, obviamente, una «buena noticia» para la asociación Apudepa, que lleva un cuarto de siglo luchando porque así sea. Su presidenta, Belén Boloqui, reconocía lo oportuno de la idea, aunque reclamaba que en esta ocasión se obre desde los cimientos, es decir, que se tome en consideración a la sociedad civil, a las asociaciones y a quienes, en definitiva, viven en el territorio cuyo patrimonio se quiere proteger.

A su juicio, la Administración suele tener un cariz «autoritario» en sus decisiones sobre la conservación, sin abrirse al diálogo. «Consultar con los administrados no es perder el tiempo, es ganarlo para hacer las cosas bien», señalaba.

COOPERACIÓN

En las Cortes, la directora general de Patrimonio, Marisancho Menjón, señalaba, interpelada por el diputado Álvaro Sanz, de Izquierda Unida, que el plan contempla la colaboración con particulares y colectivos. Pero hasta ahora parece que no ha sido la norma. Buena prueba de ello es que Apudepa no tenía constancia de esta propuesta de plan nacional.

También sería deseable que este proyecto se acabe cumpliendo y respetando, porque mucha de la normativa actual no se está respetando, señala Boloqui. «Vamos con retraso, existe un plan de arquitectura tradicional», exponía, que no se aplica en muchas ocasiones. La presidenta de Apudepa citaba una retahíla de convenios europeos que España ha ido firmando para la protección del paisaje cultural, entre otros, que no están teniendo la aplicación que debieran.

Para la asociación, lo primero que habría que hacer es «pedagogía», para que la población entendiese el valor de su patrimonio y, a partir de ahí, reclamase su conservación. «Si no se valora algo, se tira, pasa en todos los ámbitos», lamentaba.

En cualquier caso, siendo optimistas en cuanto a la futura aprobación de este plan nacional, lo que no faltará será trabajo. «Por cualquier calle principal de cualquier pueblo de Aragón se pueden encontrar ejemplos de edificios tradicionales en mal estado», explicaba Boloqui. Si la situación afecta incluso a inmuebles declarados BIC, qué no sucederá con los que no tienen tal catalogación.

Entra en este punto además el problema de las competencias, pues Patrimonio actúa en los inmuebles que cataloga, pero no tiene potestad sobre la mayoría. Los consistorios pueden llevar a cabo sus propias declaraciones de protección. Pero aunque no se vaya a reconocer abiertamente, es complicado que estas proliferen con la necesidad (y gastos) de conservación que conllevan y las dificultades que generan, además, para afrontar determinados planes urbanísticos.

En esta financiación, desde luego, el plan estatal sería una gran ayuda. Pero requerirá prioridades, como también remarcaba la directora general Menjón. Basta echar un vistazo a la Lista Roja de patrimonio en peligro que elabora la asociación Hispania Nostra, en la que Aragón es la tercera comunidad con más ejemplos, solo por detrás de Andalucía y Castilla y León. Son 67, concretamente, la mayoría en Huesca y Zaragoza.

Y esta lista es, a su vez, solo un botón de muestra de todos los monumentos y edificios históricos en malas condiciones, ya que la lista se nutre de avisos de asociaciones y particulares. Y en el medio rural hay menos ojos que lo vigilan