La querella contra la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) por supuesta prevaricación y tráfico de influencias en las oposiciones a bomberos de la institución arrancó ayer judicialmente en Zaragoza. En el Juzgado de Instrucción número 11 comparecieron a media mañana cinco de los querellantes, acompañados por su letrada, Carmen Sánchez.
Todos ellos se ratificaron en los términos de la denuncia presentada el pasado mes de octubre contra el tribunal de las oposiciones y el presidente de la institución provincial, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero.
Varios de ellos aseguraron que, durante la celebración de la primera prueba de la oposición, de carácter teórico, oyeron a algunos candidatos «jactarse» de que sabían la formulación de determinadas preguntas.
Este comentario despertó de inmediato las sospechas de algunos opositores, lo que dio lugar a una movilización que acabó con la presentación de la querella.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
El letrado Jesús Antonio García Huici, que asistió a la toma de declaración en su calidad de defensor de los acusados de la Diputación de Zaragoza, no quiso hacer declaraciones sobre el contenido de la comparecencia en el juzgado.
«Solo puedo decir que me acojo a la presunción de inocencia de mis clientes», subrayó García Huici.
«La oposición no ha seguido adelante», señaló ayer Israel Herrero, representante de los querellantes y uno de los 476 opositores que participaron en la primera prueba. «Se emitió la nota provisional, pero no se ha dado la definitiva», aseguró. Los denunciantes, la mayoría de cuantos participaron en el examen, sostienen en el escrito de querella que existen vínculos de amistad entre algunos de los aprobados y las personas denunciadas.
El pasado mes de octubre, con ocasión del pleno ordinario de la Diputación Provincial de Zaragoza, los aspirantes suspendidos llenaron el salón de actos de la institución y exigieron la celebración de unas oposiciones «limpias».
SUPUESTAS AFINIDADES
El presidente, Sánchez Quero, manifestó que él no había intervenido en favor de nadie, la misma línea que sostienen los vocales y el presidente del tribunal.
En el texto de la querella, la abogada Carmen Sánchez mantiene que las oposiciones se hicieron «para que las aprueben personas con afinidades y simpatía política con el presidente de la DPZ, el presidente del tribunal de oposición y el resto de querellados».
Todos ellos deberán prestar declaración en el proceso de instrucción iniciado ayer en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. La toma de declaraciones, que concluirá con la comparecencia del presidente de la DPZ, se prolongará hasta casi mediados de marzo.
Con los testimonios y pruebas reunidos, el magistrado deberá decidir si procede la apertura de juicio oral.
