La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que estafó más de 200.000 euros mediante la contratación de préstamos fraudulentos por internet, denunciados desde Zaragoza, con 228 afectados en toda España y cinco detenidos en Logroño, Vilarreal y Palma de Mallorca.
Según la Policía Nacional, los cinco detenidos por la comisión de estafas mediante la contratación en masa de préstamos fraudulentos por internet -tres mujeres y dos hombres- llevaban operando de manera sistemática y habitual desde hace tres años.
Las investigaciones se iniciaron tras las denuncias interpuestas en el último trimestre del año pasado por ciudadanos de Zaragoza que afirmaron que varias entidades financieras de crédito que operan por internet les reclamaban el impago de pequeños préstamos contratados de forma ilegítima meses antes con sus datos personales.
El principal investigado, para quien un juez de Zaragoza ha decretado su inmediato ingreso en prisión, es un hombre de 44 años, licenciado en Ciencias Económicas y residente en La Rioja, aunque con estrechos vínculos familiares en Zaragoza, y que cuenta con antecedentes policiales por hechos de idéntica naturaleza.
El ideólogo del grupo, según la Policía, concibió el plan de contratar de forma sistemática y prolongada en el tiempo préstamos fraudulentos por internet usando los datos personales de terceras personas sin su consentimiento en una veintena de establecimientos financieros de crédito.
Este detenido obtuvo las fotografías del DNI de los perjudicados tras organizar entrevistas de trabajo para un supuesto y nunca efectivo puesto ofertado en Zaragoza por su empresa.
Los entrevistados en búsqueda de un empleo, entregaban su documentación personal con este fin y posteriormente se tomaban varias fotografías, «siendo realmente el motivo de la entrevista la simple obtención de esta documentación», según la Policía.
Con estas fotografías, falsificaba documentación adicional como nóminas de la Administración Pública, recibos bancarios o facturas de suministros. Esta documentación servía para «aparentar el mayor grado posible de garantía».
Los establecimientos de crédito afectados son una veintena y los 200.000 euros estafados se abonaron en cuentas bancarias de diversas entidades.
