La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó ayer darle una moratoria de cinco meses más a las 14 fincas ilegales que acogen bodas en la ciudad. Su situación irregular, motivada porque el suelo que ocupan no permite ese uso, fue denunciada en febrero del 2017, y se le dio de plazo hasta noviembre para subsanarlos u ordenarán el cierre. Pero los recintos señalados presentarán «en noviembre» una propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana que el Gobierno estudiará, aplazando el límite a abril.
