Cinco personas se han sentado esta mañana ante la Audiencia de Zaragoza acusadas de defraudar 660.000 euros a la Seguridad Social, supuestamente, mediante un entramado de empresas dedicadas a la elaboración, distribución y comercialización de pan. Los hechos se remontan a los años 2013 y 2014 y la fiscala y el letrado de la Seguridad Social solicitan para los imputados penas que oscilan entre los tres años y medio y los cinco años y medio. El juicio, que ha empezado hoy, se desarrollará a lo largo de otras tres sesiones y concluirá el próximo jueves.

Francisco Javier M. G., uno de los acusados, administrador de una fábrica de pan, ha manifestado que alquiló una panificadora en Cuarte de Huerva, la nave con la maquinaria incluida. El negocio, que requirió una fuerte inversión, salió mal y derivó en una acumulación de deudas, embargos y la declaración del concurso de acreedores.

M. G. ha asegurado que se atendió a todo lo que solicitó la Seguridad Social y su abogado, Ignacio Bassols ha adelantado que solicitará la libre absolución, al igual que el resto de letrados de la defensa, porque la deuda, en el caso de existir, se ha reducido drásticamente desde que se produjeron los hechos. “Nadie intentó estafar ni engañar”, ha subrayado el acusado.

M. G. ha mantenido que él "hacía y deshacía" y se encargaba de todo en el conglomerado de panificadoras. También ha hablado de que se vio desbordado por una deuda de 14 millones de euros.

El resto de los acusados (Yolanda C., José Javier R., Pedro M. y Jesús M.) han alegado que desempeñaban funciones secundarias en el conglomerado de panificadoras o que estas no estaban relacionadas con la gestión de pagos. Asimismo, han señalado que desconocían que el entramado estuviera en una situación irregular.

Uno de los imputados, Pedro M., ha asegurado que el grupo empresarial suministraba pan al Ejército de Tierra y al del Aire en Zaragoza, así como a los hospitales Miguel Servet y Royo Villanova. Además, ha dicho que la devolución del IVA mensual hubiera permitido enjugar las deudas.

Ha manifestado asimismo que desconocía que hubiera una situación irregular y se ha referido a que el grupo llegó a esbozar un plan para abrir cien tiendas de pan en cinco años.

Otro acusado, Jesús M., ha pintado un panorama distinto. "Dejé el cargo como administrador de Miga Express porque no cobraba y vi que Francisco Javier iba siempre muy agobiado, con muchos problemas", ha declarado. Ha señalado que en realidad era responsable de seguridad y que su salario era muy bajo, con cobros de 200 euros por desempeñar labores de dirección. Con todo, ha subrayado que él no tenía acceso a la documentación de la empresa.