Poco a poco, las cámaras de vigilancia de espacios públicos se extienden por todo Aragón. Hasta ahora, estos sistemas de grabación de imágenes, pensados para la prevención de la delincuencia, se venían colocando en las calles problemáticas de las ciudades y en las proximidades de monumentos expuestos a los actos vandálicos. Pero de un tiempo a esta parte, los ayuntamientos de pequeñas y medianas localidades de la comunidad se han interesado por la videovigilancia como forma de controlar lugares donde hay un riesgo potencial por delitos de daños y contra la propiedad.

Así, a las ciudades de tipo medio que han solicitado este sistema, se han sumado ahora cinco pequeños municipios como Épila, Ricla, Los Fayos, Balconchán y Badules. El caso más significativo es el de Épila, donde se está construyendo el macromatadero de Bonárea y que será dotada de un cuartel de Policía Local que acumula retraso. De hecho, en esta localidad aragonesa se ha creado una junta local de seguridad con representantes de todas las fuerzas de seguridad que debe diseñar el sistema de seguridad ante la llegada del gigante de la distribución alimentaria. Pero, de momento, las cámaras de vigilancia serán las encargadas del control ante la tardanza de las obras del cuartel de la Policía Local.

«Las cámaras resultan esenciales para las poblaciones rurales, en particular las más pequeñas y las que no tienen Policía Local», explica Luis Zubieta, presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP). Indica que las primeras se han concedido a lugares como Ricla y Los Fayos, pero precisa que en el mundo rural «existe un voluntad generalizada» de conseguir unos «instrumentos que consideran fundamentales para contribuir a la seguridad de los municipios».

Ricla ha sido una de las primeras localidades aragonesas a las que se ha concedido permiso para instalar cámaras, un total de nueve, de las que las primeras ya están colocadas. Sus ubicaciones van desde las calles peatonales del centro al parque del pueblo e incluyen asimismo las entradas por carretera. Estas últimas tienen como objetivo grabar las matrículas de los vehículos que circulan por el municipio.

«Se trata de una medida disuasoria muy necesaria porque carecemos tanto de puesto de la Guardia Civil como de servicio de Policía Local», subraya Ignacio Gutiérrez, alcalde de Ricla. Es, continúa, una manera de prevenir los hurtos que se producen en las huertas y de combatir los actos de gamberrismo que se ceban con los árboles, las papeleras y las farolas. La Guardia Civil se encarga en exclusiva del control de las cámaras y de su visionado. «Las grabaciones se destruyen al cabo de un mes», señala Gutiérrez, que indica que, al principio, la instalación de los mecanismos de vigilancia creó cierto recelo entre algunos vecinos. «Pensaban que podía ser una intromisión en su vida privada, pero se les han dado garantías de que solo se filman espacios públicos y que las imágenes que no tienen ese carácter se pixelan y quedan irreconocibles», explica.

«La verdad es que así hay más control y los vecinos se sienten más seguros», manifiesta el regidor riclano, que no obstante subraya que su pueblo es un lugar donde no se registran delitos graves. Otra localidad que recibirá cámaras será Épila, un total de siete. En concreto, se colocarán en los accesos y en el centro, junto al ayuntamiento y en otros lugares de interés público, indica Jesús Bazán, alcalde de la localidad.

No está previsto instalar en el barrio de Los Cabezos, donde periódicamente se producen robos y otros problemas de seguridad. «En Épila se producen pequeños robos de vez en cuando, pero a quien lo sufre no se le puede decir que es un pequeño delito porque se trata de hechos que causan una gran inquietud en las personas», declara el regidor.

«Es un avance para combatir la intranquilidad de muchos vecinos»

Los Fayos, en la comarca de Tarazona-El Moncayo, es, junto a Ricla, uno de los municipios aragoneses que antes dispondrá de cámaras de vigilancia. Con solo 140 habitantes, sus vecinos tienen a veces la sensación de estar desamparados frente a la delincuencia. Por ello su alcaldesa, Rocío Berrozpe, considera que la concesión inicial de cinco cámaras al municipio ha sido «un avance importante». «Últimamente, ha habido problemas de seguridad y hay mucha intranquilidad en los habitantes y en quienes tienen viviendas que usan de vez en cuando», asegura la regidora. Se han registrado robos en casas vacías, han llegado individuos que se hacían pasar por revisores del gas o de la luz y, lo que es peor de todo, hace algún tiempo, un hombre intentó robar a una mujer en la calle «en medio del día». «La señora cayó al suelo pero, por suerte, no le pasó nada», señala Berrozpe. Pero aquel episodio fue suficiente para que una sensación de inseguridad se apoderara del vecindario.

De ahí que la colocación de cinco cámaras, un proceso que pronto se pondrá en marcha tras la celebración de un concurso al que concurrieron tres empresas, haya sido saludada con alivio por los residentes. «Se colocarán en las entradas y salidas del pueblo, de manera que graben las matrículas de los coches que pasan por nuestro término», manifiesta la alcaldesa. «Al no tener Policía Local propia, es una buena solución», explica Berrozpe, que señala que el visionado de las imágenes grabadas lo realizarán agentes de la Benemérita. «La Guardia Civil de Tarazona realiza una buena labor, viene a patrullar al pueblo, pero aun así no tiene efectivos suficientes para dar una cobertura adecuada a toda su demarcación», apunta la regidora.

La Comisión de Garantías de Videovigilancia de Aragón ha autorizado la instalación de 173 nuevas cámaras de vigilancia en espacios públicos de Huesca, Fraga, Sabiñánigo, Caspe y Ejea. En concreto, se ha dado el visto bueno a la colocación de 90 cámaras en Huesca, 38 en Fraga, 29 en Sabiñánigo, 9 en Caspe y 7 en Ejea. La solicitud de Utebo para poner en marcha 63 cámaras de videovigilancia se verá en la próxima reunión de la comisión, cuando se disponga del informe técnico.