Medio centenar de familias de origen africano y asiático "se encuentran dentro del grupo de riesgo de práctica de la ablación del órgano sexual femenino en Aragón", según indicó ayer Teresa Yago, directora del Centro Municipal de Promoción de la Salud, en el curso de unas jornadas técnicas organizadas por el Gobierno de Aragón sobre la prevención de la mutilación genital.

"Se trata de una tradición minoritaria que se practica sólo en determinadas etnias de algunos países, en modo alguno puede hablarse de una práctica generalizada", explicó Teresa Yago. "Y la mejor forma de erradicar estos usos en nuestro país --añadió-- pasa por la interrelación cultural, por hacer ver a los adultos que la ablación es perjudicial para la salud física y mental de la menor".

"No es un problema frecuente en Aragón, aunque sí viven en Aragón mujeres que sufrieron la ablación de sus órganos genitales en sus países de origen", afirmó la responsable del Centro Municipal de Promoción de la Salud, que intervino como ponente durante la presentación de una Guía de prevención de la mutilación genital femenina , elaborada por el Instituto Aragonés de la Mujer y dirigida a profesionales de la educación, la sanidad y los servicios sociales.

Carlos Sancho, fiscal de Menores, manifestó que "no existe constancia" de que se practique la mutilación genital femenina en Aragón, "un delito castigado con hasta seis años de cárcel que debe denunciarse para que sea perseguido por la ley". Sancho indicó que, en un reciente caso de ablación remitido a los Juzgados de Zaragoza, se ha determinado que las lesiones sufridas por la menor "se produjeron en su país de origen".

"En el hospital Infantil hemos visto casos de ablación practicados en países africanos", comentó Angel Ferrández Longás, presidente de la Sociedad de Pediatría de Aragón, Rioja y Soria y jefe de Pediatría del Servet, quien indicó que estos casos "se ponen en conocimiento del juez".

"A veces los padres llevan a la niña a su país para que se le haga la mutilación de sus órganos sexuales, pues saben que aquí es un delito penado por la ley", precisó Ferrández. La Guía de prevención señala, en este sentido, la importancia de la presión social que ejerce la familia que reside en el lugar de origen.