Las quejas ciudadanas relacionadas con el servicio en las residencias de mayores de Aragón están aumentando, según ha constatado el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA. Así lo puso de manifiesto ayer el secretario general técnico del área, José Antonio Jiménez, durante su comparecencia en la comisión del área en las Cortes.

Jiménez enmarcó este aumento en un contexto de «especial sensibilidad» en la sociedad aragonesa, que manifiesta una «constante demanda de atención y supervisión» de estos establecimientos, con 18.000 plazas en Aragón. Una petición de control que el departamento va a responder, como parte de la «sólida interlocución» que mantiene con estas entidades, aumentando la plantilla destinada a la inspección.

A ello se Jiménez, sin dejar de hacer hincapié en que la prioridad estará en el sistema de dependencia, porque «las personas mayores, donde mayoritariamente quieren vivir mientras puedan es en su domicilio», comentó.

El responsable repasó también las conclusiones del estudio que han elaborado sobre las consecuencias de la crisis, que afloró nuevos perfiles de usuarios de los Servicios Sociales «que ya no solo atienden las situaciones de exclusión». El reto actual, indicó, es acabar con la «cronificación» de la pobreza, que, en su opinión, afecta en buena medida a los inmigrantes, especialmente los jóvenes, «que vienen siendo injustamente estigmatizados».

Otros indicadores que apunta ese estudio son el «exceso de burocratización» en la tramitación de las prestaciones sociales, el aumento de los servicios de mediación familiar, las diferencias entre el ámbito rural y el urbano por la brecha digital y el transporte y la necesidad de seguir potenciando el modelo de acogida de menores en familias frente almodelo de acogida residencial.

En la comisión también compareció el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos, qie fijó como prioridad para la legislatura resolver las solicitudes de atención a la dependencia en el plazo fijado por la ley, con un refuerzo de personal. Así como seguir reclamando que el Estado se comprometa a financiar la mitad de la dependencia.

En su comparecencia Santos repasó los 409 millones de euros que recoge el pesupuesto para el 2020 -en trámite de enmiendas-, a los que espera que se sume una financiación estatal suficiente para la dependencia, que volverá a ser el «caballo de batalla» del Ejecutivo aragonés.

También apuntó el desarrollo de un «programa piloto» de atención a la dependencia en el ámbito rural, otra de las prioridades del departamento.