Las familias de niños de Educación Especial denuncian el alto coste que deben asumir por dejar a sus niños en el colegio durante las vacaciones. La reducción del presupuesto destinado por la DGA al programa Abierto por Vacaciones ha supuesto que la cantidad que los padres tienen que abonar para inscribir a sus hijos se haya duplicado, pasando, en tres años, de 75 a 150 euros semanales, además de la fisioterapia en los casos que la necesitan, por lo que el coste de que un niño con discapacidad física o psíquica pueda disfrutar de ese campamento urbano durante todo el mes de julio y los días de junio desde el fin de las clases puede superar los 1.000 euros.

Por eso, las AMPAs de los cuatro colegios zaragozanos de Educación Especial se unen para exigir ayuda a la Administración. El Departamento de Educación destina 90.000 euros al programa y asume el 60% de su coste, pero el 40% restante deben abonarlo las familias. Los alumnos de centros ordinarios no disfrutan de esa subvención, pero el desembolso es considerablemente inferior. "El coste para un niño de un centro ordinario es de 60 euros y a nosotros nos cuesta 150, pero con la salvedad de que, para nosotros, esto no es un lujo, sino una necesidad. Mi hijo tiene 16 años y necesita seguir con su rutina, estar con más niños y hacer lo mismo que todos los días. Si le cortas eso no es bueno porque él no puede ir a la piscina, al cine o salir con los amigos. Necesita educación completa las 24 horas del día, mientras que los niños de centros ordinarios no necesitan ir al campamento obligatoriamente, sino que disponen de otras alternativas como el campo o la piscina", subraya Inmaculada Rincón, del AMPA del colegio Ángel Riviere.

Por eso, la demanda de este programa se va reduciendo considerablemente. "Yo me gasté el año pasado, entre comedor, transporte y fisioterapia, más de mil euros en dejar a mi hijo en el colegio en julio, pero me supuso un trastorno económico importante y lo pude afrontar gracias a la ayuda de mi familia, pero hay mucha gente que no puede hacer frente a eso", añade Rincón.

"La primera discriminación viene por el hecho de considerar el programa Abierto por Vacaciones para los alumnos con discapacidad bajo los mismos parámetros que en el caso de la educación ordinaria", lamenta Mónica Castellano, también del AMPA del Ángel Riviere, cuyos dos hijos sufren este problema, con lo que, en su caso, el gasto se duplica. "Nos hemos visto varias veces con la DGA. El año pasado nos dijeron que no les daba tiempo a cambiarlo y, este año, esgrimen que no han podido hacer nada", critica.

Educación no atendió, así, la demanda de las familias, que solicitaban rebajar el precio en función de criterios como la renta o la situación laboral de los padres. "La ratio de monitores es de tres por alumno, y en algunos casos de uno, mientras que la de los niños de centros ordinarios es de diez por cada escolar, pero es injusto que ese coste tan gravoso lo tengamos que asumir las familias", expone María José Sierra, del colegio Alborada.

Por eso, los padres claman contra el "agravio comparativo" del que sienten víctimas. "Somos cuidadanos de tercera ante una Administración que adolece de una gran falta de sensibilidad y que no se hace cargo de lo que estos niños tienen que ir al colegio en verano", añade María José Ostalé, del Jean Piaget. A su lado, Juan Antonio Díaz, del AMPA del centro Rincón de Goya, lamenta que "este Gobierno no se preocupa por la dependencia y los asuntos sociales".