Las sospechas en un registro civil de Rumanía con respecto a un bebé nacido en España desembocó, el pasado martes, en el arresto en Calatayud de cinco miembros de una familia por un delito de explotación sexual. La investigación realizada por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) llegó a la conclusión de que estas personas robaron un bebé a una prostituta y que fue entregado a una pareja que actualmente vive en este país de la Europa del Este.
Pero no es el único hecho que los agentes destacan en el atestado al que tuvo acceso EL PERIÓDICO, sino que, supuestamente, no solo no explotaban sexualmente a la víctima, sino que le obligaron a decir a un cliente asiduo que tenía miedo porque sus captores le exigían grandes cantidades de dinero si quería no ser maltratada físicamente. Incluso, en alguna ocasión llegó a decir que su vida corría peligro. Gracias a ello, consiguieron 25.000 euros de este hombre.
De otro recibieron 10.000 euros mediante la amenaza de que iba a contar a su familia que estaba contratando los servicios sexuales de una meretriz y que, incluso, la había dejado embarazada. En ambos casos, el clan habría recibido las cantidades de dinero mediante transferencia mediante la plataforma Moneygram.
Engaño
La UCRIF señala que la víctima llegó a España engañada y que esta reconoció en su declaración que hay más mujeres afectadas. El modus operandi empleado, según los investigadores, es el habitual de las bandas criminales que se dedican a la explotación sexual. Una persona, en este caso una mujer, entabló amistad con la víctima a través de Facebook, ofreciéndole ir a España a trabajar con ella y ganar dinero, obviando el tipo de trabajo que iba a desempeñar. El objetivo es siempre chicas jóvenes con bajo nivel económico y sin estudios. Tardaron dos meses en conseguirlo.
Le compraron un billete para que se trasladara a España en un viaje en el que no estuvo sola, sino que iba acompañada por una persona para evitar que se echara marcha atrás. Ya en España, fue trasladada en autobús al domicilio del clan familiar en la localidad zaragozana de Arándiga. Allí ya le habrían arrebatado la documentación y el teléfono móvil, mientras le obligaban a prostituirse en la calle y en polígonos.
Los sospechosos fueron puestos ayer a disposición del Juzgado de Instrucción de Calatayud, cuya magistrada les puso en libertad provisional. Ellos negaron que la explotaran sexualmente y destacaron que cuidaba de un familiar discapacitado.
