La jurisdicción Civil no solo adolece de un exceso de carga de trabajo, sino de ejecución de las sentencias (la materialización, por ejemplo, de lo que se ha de pagar por un pleito con sentencia dictada). En cifras, según refleja la memoria, el año pasado se registraron 11.050 y se resolvieron 16.229, pero siguieron quedando 46.434 pendientes. Una cifra «elevada» que Bellido achaca a la «dificultad de encontrar bienes» que ejecutar, posiblemente por la larga resaca de la crisis.
