La plataforma MasLibres.org entregará hoy en el Ayuntamiento de Zaragoza cerca de 125.000 firmas contra la «expropiación» de La Seo, «una medida puesta en marcha por ZeC y secundada por PSOE y CHA, que podría llevarse a cabo mediante un proceso judicial», según informó la plataforma.

El portavoz de MasLibres.org, Miguel Vidal, instó al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, a respetar «la libertad de todos, y no solo la de unos cuantos, porque los creyentes no son okupas». En este sentido, denunció que este intento de «expropiar un templo, que lleva desde el siglo XII consagrado al culto, es otro capítulo más de la ofensiva contra la libertad y los derechos de los creyentes que están llevando a cabo algunos dirigentes políticos de este país contra los cristianos».

Además, añadió que «algunos grupos políticos están calentando a la opinión pública para conseguir su propósito y apropiarse de la catedral de Zaragoza por motivos ideológicos y partidistas», y afirmó que la libertad de culto y la libertad religiosa son «derechos consagrados en la Constitución», por lo que anunció que no van a parar «hasta frenar esta expropiación».

«Pedimos libertad para todos y no solo para los que consideran que profesar una religión es poco menos que un delito», concluyó el portavoz de MasLibres.org.

Por su parte, la asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) censuró la moción registrada por el grupo Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza en la que se expone que los motivos del Gobierno de ZeC para realizar acciones judiciales contra las inmatriculaciones por parte del Arzobispado de Zaragoza de La Seo, la Iglesia de la Magdalena, Santiago el Mayor y San Juan de los Panetes «son parte de una estrategia política de radicalización y confrontación social», indicó el colectivo.

RECUERDO // «Habrá que recordar al Partido Popular que en la campaña electoral, el candidato Eloy Suárez en un cara a cara televisivo con el actual alcalde Pedro Santisteve, al ser preguntado sobre la inmatriculación de La Seo, respondió que si llegaba a la Alcaldía no dudaría en reclamar la titularidad pública para el pueblo de Zaragoza», recordaron desde el movimiento, que, en este sentido, añadió que «nadie pudo pensar entonces, ni ahora, que semejante afirmación no era otra cosa que la expresión de la obligación de las instituciones y de sus representantes democráticamente elegidos de defender los intereses de la ciudadanía a la que representan».

Por eso, MHUEL esgrime que «esa es la estrategia política del Gobierno de Zec, con su alcalde a la cabeza, cumplir con la obligación que tanto él como sus ediles tienen de defender y cautelar, en este caso, el patrimonio histórico, artístico y cultural de la ciudanía zaragozana».

El colectivo expone, además, que La Seo, La Magdalena, San Juan de los Panetes y Santiago el Mayor «habían sido inmatriculados, es decir inscritos por primera vez en el registro de la propiedad, por el Arzobispado en los años 80, cuando la ley no se lo permitía». Por ello, «la pasividad del ayuntamiento, ante este expolio provocado al pueblo, hubiera sido un incumplimiento flagrante de sus obligaciones», sostienen.

MHUEL recrimina también al PP por alegar que el ayuntamiento no es competente para ejercer acciones judiciales y que deberían ser los demandantes otras instituciones públicas. «De acuerdo con la Constitución, cualquier Corporación de Derecho Público está legitimada para emprender acciones judiciales para preservar el patrimonio público», aseguran.

«Alude el PP a que la inmensa mayoría de los ciudadanos no ven problema alguno en este asunto. Si la ciudadanía dispusiera de la información que el PP intenta negarle y si se conociera el listado de los miles de bienes de dominio público, sean o no destinados al culto, que la Iglesia católica ha registrado a su nombre sin ningún título de propiedad, entonces, no una inmensa mayoría, sino toda la sociedad, sería más que consciente del gran problema que supone que nuestro patrimonio común», añade el colectivo.

Por último, MHUEL aclara que «no está en cuestión el uso y el carácter religioso de los templos, como no lo estaba antes de que a la Iglesia se le ocurriera comenzar a inscribirlos a su nombre en el registro de la propiedad en estos últimos años» y subraya que «la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia nos beneficia a toda la ciudadanía, también a los mismos católicos». «De lo que se trata es de la legítima defensa del patrimonio usurpado al pueblo por los obispos y el PP, con esta moción, lo que hace es ayudar a encubrir la apropiación masiva de inmuebles y todo tipo de fincas por parte de la Iglesia», concluye.