Diez entidades sociales suscribieron ayer un manifiesto para alertar de que la supresión de las partidas presupuestarias destinadas a los convenios y subvenciones pondría "en peligro gravemente" la continuidad de los proyectos, dejar sin atención "a unas 100.000 personas" y pondría "en serio peligro" la continuidad de las entidades, lo que podría dar lugar al despido de "casi 2.000 trabajadores".
El texto, que avalan la Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión, la FABZ, la Federación Aragonesa de Solidaridad, la Coordinadora Aragonesa del Voluntariado, Ecología y Desarrollo, la Unión Vecinal Cesaraugusta, Cocemfe Zaragoza, la Fundación Instituto para la Integración Social, Cermi y Feaps, reclama a los grupos políticos que actúen "de manera responsable" y faciliten "la aprobación de los presupuestos". Esto garantizaría, a su juicio, una "mínima estabilidad" frente a una situación política de "gran incertidumbre".
La llamada de atención fue dirigida a IU --"no entendemos cómo ha sido posible consensuar durante los tres años anteriores los presupuestos y ahora parece que las discrepancias son irresolubles"-- pero también al PP, al que instaron a abstenerse en los presupuestos y no votar en contra.
