Los colectivos ecologistas de la comunidad celebraron ayer la decisión tomada la noche del miércoles en el Ayuntamiento de Loporzano de establecer una moratoria en el otorgamiento de licencias para la construcción de nuevas granjas intensivas o la ampliación de las ya existentes. El acuerdo municipal coincidió con la publicación de una sugerencia del Justicia de Aragón en la que reclamaba se «intensifique el control» y la planificación de actividades «en la producción y gestión de estiércoles derivados de las explotaciones de porcino en zonas saturadas».
La Plataforma Loporzano SIN Ganadería Intensiva (PLSGI), en la que se integran varios colectivos contrarios a la ganadería industrial, solicitó, además, que el Gobierno de Aragón valore la aprobación de una moratoria autonómica en la concesión de explotaciones en municipios con acuíferos y fuentes contaminadas por nitratos. «Se da la circunstancia de que esta misma semana se conocía que Loporzano, un municipio de secano, pasará a formar parte de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos», indicaron.
La moratora, por contra, no ha sido bien recibida por los sindicatos agrarios, que la consideran un ataque innecesario a uno de los factores de desarrollo del medio rural.«Este tipo de decisiones se priva al medio rural de su mayor vía de supervivencia e hipoteca el futuro de nuestro medio rural, cerrando las puertas al campo, mientras algunos políticos siguen mirando a otro lado», lamentaron desde la Unión de Pequeños Agricultores.
En todo caso, el Gobierno de Aragón ya ha declarado zonas con «sobrecarga ganadera por exceso de nitrógeno procedente de la actividad ganadera» los montes de localidades como Albalatillo, Alfántega, Altorricón, Castillonroy, Mirambel, Monroyo, Peñarroya de Tastavins, Sena, Vencillón, Mainar y Villarreal de Huerva, donde no se podrán ampliar o construir nuevas granjas, salvo que se acrediten soluciones alternativas a las habituales para la gestión de los residuos.
La DGA recordó por su parte que se ha puesto en marcha el llamado decreto de purines para garantizar la puesta en funcionamiento de centros gestores de este producto que garanticen un sistema de gestión de todo el ciclo del purín que va desde la recogida en las explotaciones ganaderas, transporte, tratamiento y almacenamiento, hasta su aplicación como fertilizante en las parcelas agrícolas a las que se destine.
