Los colectivos sociales contraatacan tras el anuncio del nuevo proyecto del Gobierno de Aragón sobre el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). Y coinciden en una cosa que, además, ayer el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, obvió el pasado martes: cómo se solucionará la demora en su tramitación. Solo explicó que dependerá de cada caso. Y no dijo nada a pesar de ser una de las mayores reivindicaciones sociales: acortar el tiempo y agilizar el papeleo. Coinciden en que el endurecimiento de los requisitos puede conseguir el efecto contrario, es decir, que aumenten los casos de pobreza.

El portavoz de Cáritas Aragón, Carlos Sauras, exigió al Ejecutivo "menos rigidez y más premura". Criticó que se "hayan endurecido" los requisitos para poder ser beneficiario de esta prestación en lugar de tratar de poner una solución a la tardanza a la hora de su aprobación. La Red de Entidades por la Inclusión en Aragón recriminó que la modificación "no contempla cómo solucionar los retrasos de tramitación y solo ha incluido más limitaciones", una de las constantes de los colectivos y grupos de la oposición.

Además, alertaron de que la consecuencia directa que originará limitar el acceso a las subvenciones "dejará fuera muchas situaciones de necesidad y provocará que se multipliquen los casos de personas".

Sauras Señaló que el texto no había sufrido muchas modificaciones respecto al anterior y que mantenían la misma exigencia de siempre, "acortar los procesos". Cáritas ha denunciado en reiteradas ocasiones que los procesos son "lentos y largos" y el IAI está dirigido a personas "que no tienen otros ingresos o estos son muy pequeños" por lo que, dijo, "consideramos que es una ayuda urgente". Hasta la fecha se han concedido 5.775 ayudas, cuando en el 2013 fueron 4.337. En dos meses se han concedido más ayudas que en un año.

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Si antes se podía solicitar la ayuda desde los 18 años, "ahora será a partir de los 25" a no ser que tengan menores a su cargo o discapacitados, lamentaron desde Marea Naranja que también criticaron que el tiempo mínimo de empadronamiento de dos años. "Nadie se mueve de comunidad autónoma solo para recibir dinero público", alegaron. Y muy duros se mostraron con la limitación de un máximo de tres años para poder ser beneficiario. "Da la sensación de que están acusando a las personas que se ven en la necesidad de pedir una ayuda que lo hacen porque quieren vivir toda la vida del subsidio", denunciaron.

Desde la Red de Entidades por la Inclusión coinciden en que estas subvenciones son "un derecho" que está supeditado a unos presupuestos autonómicos. Este año se destinarán 28 millones de euros para el ingreso aragonés. Pero si no se gestiona correctamente, no solucionara los problemas y la evidencia es que "el IAI solo cubre el 6% de la tasa de pobreza en Aragón". Por ello, rechazan el nuevo proyecto al "no ser viable" y no garantizar la cobertura de "los derechos fundamentales al no cubrir las necesidades básicas".

A la oposición tampoco le convence el anuncio de Oliván. Hoy será el tema estrella de la comisión de Sanidad de las Cortes. La directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales comparecerá a petición de IU y del PSOE. La portavoz de Bienestar Social de IU en las Cortes, Patricia Luquin, denunció las nuevas medidas "ponen bajo la lupa de la sospecha a las personas en situaciones muy vulnerables". Luquin criticó que Oliván cuestione la necesidad de esta prestación y acusar, "sin motivo alguno" a sus beneficiarios de "estafar" a las administraciones.