La reforma educativa que propugna el Ministerio de Educación, y que se plasmará en una norma básica que sustituya a la ley de calidad (LOCE) del Partido Popular, incluye el compromiso de fomentar "la implantación progresiva" de escuelas públicas en las que "una parte de las actividades escolares de la enseñanza obligatoria (6 a 16 años)" se imparta en inglés. La medida persigue que, al finalizar la ESO, los alumnos tengan un nivel del idioma extranjero que ahora resulta inalcanzable para la mayoría de los estudiantes, que no dedica más de tres horas semanales de clase a este tipo de formación.
La iniciativa, que figura en el inventario de propuestas presentado este mismo lunes por la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, prevé el establecimiento de "programas de formación inicial y permanente de profesores de todas las especialidades para el aprendizaje de idiomas, con el compromiso de impartir clases de su materia en esa lengua una vez concluidos".
LA CONCERTADA La medida, que algunos centros de la red privada que recibe dinero público a través de los conciertos ya aplica (en la comunidad aragonesa ya lo han puesto en marcha algunos institutos con el idioma francés), quiere prevenir que se acreciente "la fractura social" abierta entre los que manejan lenguas extranjeras y quienes no las dominan. Los colegios concertados que han adoptado esa práctica acostumbran a impartir materias como las de Geografía o la de Historia en inglés.
La propuesta del Ministerio de Educación vendría a resolver, por otra parte, otro inconveniente: que la enseñanza de las lenguas en las comunidades autónomas con dos idiomas oficiales acabe ocupando la mitad del currículo al añadirse el aprendizaje de dos lenguas extranjeras.
El documento Propuestas para el debate permite igualmente avanzar que Educación mantendrá la posibilidad de que en Cataluña el alumnado de los primeros cursos de Primaria dedique más tiempo al aprendizaje del catalán que al del castellano, como ha venido haciéndose hasta ahora, una situación que la anterior ministra de Educación, Pilar del Castillo, pretendía alterar.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó ayer que el Gobierno buscará el "máximo consenso posible" para dar "estabilidad" al sistema educativo para lo que reclamó el "esfuerzo" de todos los sectores implicados.
Fernández de la Vega reiteró que el Gobierno mantiene "una buena relación" con la Iglesia Católica, con la que "no hay ningún enfrentamiento", aunque admitió que algunas decisiones del Ejecutivo "pueden no haber gustado". De hecho, la asignatura de Historia de las Religiones no será una alternativa obligatoria a la de religión, tal y como había fijado el PP.
