La Ley de Función Pública prohibirá que los ayuntamientos y las comarcas puedan contratar a su trabajadores a dedo. Todos los empleados de las entidades locales tendrán que haber superado el correspondiente examen, que responderá a una oferta de empleo público convocada por las instituciones. Es uno de los cambios que se introduce en la nueva normativa, que llegará a las Cortes para su tramitación parlamentaria a finales de febrero.
La ley obligará además a que todo el personal que ahora mismo trabaja en los ayuntamientos y en las comarcas, que en su mayoría es laboral y no funcionario, tenga que superar una prueba. Eso no significa que nadie vaya a perder su puesto, aclararon ayer fuentes sindicales, sino que se regularizará su situación para tener la categoría de empleado público. Una vez terminado ese proceso cada nueva contratación deberá ir precedida por una convocatoria de oposiciones.
LARGAS CONVERSACIONES
La medida, que no aparecía en el primer borrador elaborado por el Gobierno, fue introducida tras el largo proceso de negociación entre la Administración y que concluyó el pasado 10 de enero con la firma del acuerdo. Las plataformas sindicales querían que la ley no se circunscribiese solo a los trabajadores dependientes del Ejecutivo autonómico, sino que se extendiese a las entidades locales. Es en comarcas y ayuntamientos donde se concentran en mayor número los trabajadores laborales, según los sindicatos, que sin embargo, no cuentan con datos concretos. Pero porcentualmente son más numerosos que los funcionarios.
La ley restringe la contratación de personal directivo por parte de la Administración autonómica. El nuevo texto pactado especifica que solo ostentarán estos cargos los funcionarios de las categorías más altas. Se evitarán las contrataciones de personas que no hayan superado unas oposiciones. Aunque podrá hacerse siempre que tengan como mínimo una titulación universitaria, y que esté vinculada con el puesto que ocupará. Este texto legal tiene como ámbito de aplicación a la Administración de la comunidad autónoma, la Administración local, Universidad de Zaragoza y los organismos y demás entidades públicas con personalidad propia vinculadas y dependientes de cualquiera de las instituciones Públicas aragonesas.
PERSONAL LABORAL
El anteproyecto añade una cláusula que protege al personal laboral de la Administración. Los trabajadores que tengan esta categoría, y hayan superado unas oposiciones no podrán ser despedidos, ni verse afectados por la reforma laboral aprobada por el Gobierno. Sus puestos están asegurados. En los concursos de traslado --cuando un trabajador pasa de un puesto a otro-- además, los empleados no perderán su antigüedad.
Los responsables de los sindicatos mostraron su satisfacción por el acuerdo alcanzado. Más satisfactorio, recalcaron, que el que lograron con el PSOE en el 2010. El texto base que ha empleado en la negociación es el mismo que sacaron adelante los socialistas, pero "mejorado" aseguraron los representantes de los trabajadores. "Para nosotros ha sido una sorpresa la receptividad de la consejería de Hacienda. Aunque ya se sabe que las leyes las aplican los hombres, y hay que esperar a ver en qué se traduce todo", dijo Francisco González, secretario general de la Administración Autonómica de CCOO.
Las dudas de los sindicatos son, en parte, lógicas porque buena parte del desarrollo de la ley queda sujeto a que posteriores decretos concreten y amplifiquen los artículos de la norma. "De momento estamos contentos con el texto que se ha logrado, es un gran avance. Se han hecho las cosas bien y la voluntad del Gobierno ha sido buena. Veremos que pasa cuando salga del Parlamento", señaló Pablo Asín, del sindicato CSIF.
