José Ignacio E. M., socio mayoritario y comercial de la empresa Asesores Informáticos Siglo XXI, ha sido condenado a dos años y nueve meses de prisión por estafar a una treintena de personas, la mayoría ancianos, con la venta a domicilio de productos como colchones ortopédicos o equipos informáticos. Les convencía para firmar --o les falsificaba la rúbrica-- créditos rápidos para sus ventas, ofreciéndoles regalos que nunca llegaban a recibir. Uno de los comerciales de su empresa, J. C. B. V., para el que la Fiscalía pedía la misma condena por los hechos --cuatro años--, ha salido absuelto al no haber visto los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ninguna prueba para incriminarle.

Según recoge la sentencia, ambos acusados inicialmente eran socios de la citada firma, mediante la que el condenado firmó con una entidad bancaria un contrato de cesión de créditos rápido para financiar las ventas a sus clientes. Según este, la entidad adelantaba el crédito a la empresa, menos la comisión correspondiente, y el cliente lo abonaba mediante cuotas mensuales.

El socio absuelto vendió en octubre del 2011 la mayoría de su mitad del negocio --un 49%-- al acusado, quedándose como comercial. José Ignacio E. M. ideó entonces la técnica de estafar a los ancianos, quedándose el dinero de los créditos rápidos. En unos casos engañaba a las víctimas con los citados regalos, y en otros terminaba por falsificar los documentos de préstamo él mismo. Se quedaba el dinero pero no entregaba los productos.

La entidad financiera tuvo conocimiento de la estafa ante las quejas de los clientes, y procedió a cancelar los créditos y a resarcir a los clientes, según recogen los magistrados --en el juicio, varios aseguraron que no les habían pagado-- lo que le generó un agujero de 46.616 euros pagados a Asesores Informáticos Siglo XXI y otros 8.256 devueltos a los clientes estafados.

José Ignacio E. M. también deberá pagar pues estos 54.873 euros al banco, además de diversas cantidades que reclamaron las víctimas que no habían sido satisfechas por la entidad. Estas ascienden a más de 2.000 euros, a falta de determinar las cantidades en varios casos o el importe de un televisor que le prometió a una de las mujeres. El hombre tenía antecedentes, pero no le afectaban para este caso.