La Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (Ecos) anunció ayer que recurrirá «cualquier movimiento» por parte del consistorio de la capital aragonesa que tenga como fin cambiar el emplazamiento del mercado ambulante. Lo afirmó ayer su secretario general, Vicente Gracia, durante el primer intento frustrado del Consejo de Ciudad para crear una mesa de trabajo que aborde un análisis de la situación del rastro y acoja las propuestas de mejora por parte de los diferentes colectivos. La cita, convocada por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y a la que acudieron entidades vecinales, representantes de los vendedores ambulantes, grupos políticos, organizaciones comerciales y otros agentes sociales, mostró los diferentes visiones de un mercado que encuentra un nuevo escollo para despejar su futuro a corto plazo.
Gracia recordó que el reglamento del mercado ambulante recoge que un cambio de emplazamiento puede darse por una cuestión de interés general o de utilidad pública y sentenció que, actualmente, «está bien donde está». En su intervención, también consideró que la capital aragonesa padece «un exceso de capacidad de oferta», por lo que el único lugar donde podría ubicarse es en «extramuros», a la vez que pidió al consistorio que hiciera cumplir la ley en relación a la venta ilegal, sobre la que sentenció que «no hay medias tintas».
De esta manera, en la reunión del Consejo de Ciudad celebrada ayer se vieron posiciones enfrentadas, así como cierta confusión acerca del objeto de la cita. Estas circunstancias llevaron a que la votación para constituir el grupo de trabajo para el mercado ambulante saliera con 11 votos en contra y 7 a favor, un resultado que obligará a posponer la constitución de este grupo para después de agosto. En este periodo, los participantes recibirán por escrito una propuesta concreta que recogerá todos los aspectos planteados en el debate referidos a la composición del grupo de trabajo, los objetivos concretos que deberá abordar, sus contenidos y la hoja de ruta del mismo. La documentación será remitida para que los integrantes del consejo, asociaciones y entidades invitadas la estudien.
FALTA DE ACUERDO
Precisamente, antes de que se sometiera a votación, el presidente de la Asociación de Vecinos del Arrabal, Rafael Tejedor, planteó que la decisión se tomara después de que cada parte pudiera conocer a fondo aspectos como los que finalmente se remitirán por escrito a cada parte. La consejera de Participación Ciudadana, Elena Giner, no accedió a esta petición y, finalmente, el resultado dio de bruces con la creación de la mesa de trabajo. El presidente de la FABZ, Manuel Arnal, afirmó ayer que plantearon esta reunión «con toda la buena voluntad» y consideró que se podía haber creado ese grupo de trabajo. «Desgraciadamente, el ambiente que hay ahora en el ayuntamiento no es el más adecuado para hacer propuestas», señaló. Además, indicó que ayer intentó hacer una «propuesta de consenso», de manera que se pudiera constituir la mesa con la posibilidad de ampliar en el futuro su documentación y componentes, idea que, finalmente, no salió adelante.
La confusión y la disparidad de puntos de vista, efectivamente, fueron una constante. La presidenta de Mercados Ambulantes, Esther Jiménez, defendió que son «pequeño comercio, no un rastro» que algunos días instalan el mercado. Además, destacó que tienen «todo el derecho del mundo» a mejorar. «Nuestros clientes merecen un mercado en condiciones», subrayó.
Otro punto de vista fue el de los grupos municipales, quienes centraron sus críticas al equipo de ZeC. El portavoz del PP, Jorge Azcón, aseguró que el gobierno de la ciudad «ha cogido un salvavidas que le han lanzado», en relación a este consejo, al que «se agarra» porque «es la única salida al lío monumental que han montado». Además, destacó que la propuesta «no es nueva», puesto que, señaló, ya la hizo su grupo el pasado 18 de febrero.
La edil socialista Lola Ranera juzgó que esta reunión podía valer para «empezar otra vez», aunque pidió sinceridad al equipo de Gobierno para ello, y puso el acento en el problema de la venta ilegal. Sobre este particular también se refirió Leticia Crespo, de CHA, quien se preguntó si se iba a abordar el tema, mientras recalcó que el debate sobre el mercado ambulante ha surgido por la falta de claridad por parte de ZeC respecto a la nueva ubicación del rastro. Alberto Casañal, de Cs, criticó la «unilateralidad» de Santisteve, que ha llevado, expuso, al enfrentamiento entre vecinos y comerciantes.
