Veinte años después del asesinato de Eduardo Montori, conocido como Falconetti, hoy será juzgado el sospechoso del mismo, Pablo Miguel Canales Lahoz. Un juzgado popular será el que decida si es culpable o inocente del asesinato, decapitación y posterior quema del cadáver.
La vista oral se produce después de que este caso estuviera a punto de prescribir. Lo evitaron unas pruebas practicadas en laboratorio central de criminalística de la Guardia Civil donde pudieron identificar una huella dactilar impresa en una mancha de sangre.
El acusado, que ya fue arrestado en octubre de 1996, un mes después de producirse el crimen, recibió la noticia de su procesamiento en julio del año pasado en la prisión de Zuera, donde cumple condena por otros delitos relacionados con peleas en bares de Ejea.
A raíz de un atestado de la Policía Local de esta localidad de noviembre del 2015 que relata que el procesado amenazó a los agentes que le custodiaban en el calabozo «con matarlos, igual que había matado a Eduardo Montori», la titular del Juzgado de Instrucción de Ejea acordó reabrir el caso y enviar las huellas obtenidas en la inspección ocular a los expertos de la Guardia Civil.
En su escrito de acusación provisional, el fiscal relata que en la madrugada del 9 de septiembre de 1996 Pablo Miguel Canales Lahoz accedió al domicilio de la víctima, con la que mantenía una relación de amistad y con la que se dedicaba al tráfico de drogas a baja escala. Tras una discusión, posiblemente relacionada con sus actividades ilegales, el procesado, que contaba entonces con 24 años, le asestó a su víctima múltiples puñaladas en el tórax que le causaron dieciséis heridas que afectaron en su mayor parte a órganos vitales. El fiscal apunta que el acusado depositó posteriormente el cadáver en la cama de la propia víctima y le cortó la cabeza con el arma blanca que portaba antes de quemar el cuerpo.
La cabeza de Montori nunca llegó a ser localizada por los agentes de la Guardia Civil que se hicieron cargo de la investigación del crimen. Por todo ello, el fiscal solicita na condena de 18 años de prisión, así como el pago de una indemnización de 80.000 euros al hijo de la víctima. Por su parte, la familia del fallecido, representada por el abogado Javier Notivoli, eleva la solicitud a 20 años como autor de un delito de asesinato, si bien propone como alternativa una pena de 15 años de cárcel para ablo Miguel Canales Lahoz por un delito de homicidio doloso. Un tribunal popular decidirá.
