El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado hoy por unanimidad comenzar el trámite parlamentario de la ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad, que se pretende que sea el instrumento para la verdadera integración a través de medidas de carácter transversal.

Y así lo demuestra el hecho de que haya sido el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, y no la de Derechos Sociales y Ciudadanía, María Victoria Broto, quien haya defendido ante la Cámara el proyecto de ley del Gobierno.

Este tiene como principal objetivo promover los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad aprobada en 2006 por la ONU y ratificada por España en 2007.

En el texto se incide, especialmente, en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y quiere fomentar la capacitación y el empoderamiento personal, además de impulsar el desarrollo de una sociedad inclusiva.

Ahora se abre el plazo de cinco días para proponer audiencias públicas de agentes sociales, organizaciones y ciudadanos que pudiesen estar interesados en la regulación propuesta, y después se comenzará con el trámite parlamentario que conlleva la presentación de enmiendas por parte de los grupos.

La norma incluye medidas para la integración de los discapacitados en diferentes ámbitos: sanitario, educativo, de los servicios sociales, empleo, en la cultura y el ocio o ante los medios de comunicación y la tecnología.

También refiere acciones de acción positiva, establece las condiciones de accesibilidad y no discriminación en el espacio público, fija la protección jurídica e incluye un régimen sancionador para los incumplimientos de la ley.

A pesar de que la toma en consideración ha salido adelante por unanimidad, la diputada del PP Marián Orós ha calificado el texto presentado por el Gobierno como una "declaración de intenciones ambigua, con promesas pero sin financiación", además de lamentar que "llega tarde".

Y no incluye, ha agregado, "ni una sola" de las 250 aportaciones que realizaron las entidades sociales relacionadas con la discapacidad, algo que el PP pretende arreglar con sus enmiendas.

También el diputado de Podemos Raúl Gay ha anunciado enmiendas, en tanto en cuanto la formación morada no podrá aprobar el texto si se queda tal y como está porque hoy por hoy es "un brindis al sol".

Entre otras cosas, ha agregado Gay, quien ha aludido a su propia discapacidad durante su intervención, porque se necesita dotación presupuestaria. "La discapacidad es un problema, pero sin dinero se puede convertir en un infierno", ha asegurado.

Elena Allué, del PAR, se ha atribuido parte del mérito de la ley al recordar que fue su partido el que la exigió en septiembre de 2015 a través de un proposición no de ley, pero ha lamentado el retraso en su presentación y la "cierta intencionalidad" que ha detectado en el Ejecutivo al traerla a las Cortes a pocos meses de la próxima cita electoral.

Desirée Pescador ha mostrado su deseo de que la ley se cumpla "y no se quede en el papel", mientras que por el Grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA) ha insistido en el tratamiento específico que se da en la ley a las mujeres y las niñas discapacitadas, que se enfrentan por tanto a una doble discriminación.

Finalmente, Pilimar Zamora, del PSOE, ha enfatizado que el Gobierno de Aragón "ha cumplido" con su compromiso con "los más vulnerables" y se ha comprometido a que el trabajo en la ponencia y la comisión "se acelere" para que pueda aprobarse definitivamente la ley en este periodo de sesiones.