La ley de Vivienda de Aragón, comienza hoy su andadura parlamentaria después de que el Pleno de las Cortes haya aceptado iniciar el trámite de la norma, que dota a la vivienda de un carácter de función social y que la considera un derecho subjetivo y, por tanto, con obligación de los poderes públicos de garantizarla a todos los ciudadanos.
El inicio del trámite de la ley, defendida en el pleno por el consejero de Vertebración Territorial, José Luis Soro, ha recibido con los votos a favor de PSOE, Podemos, Ciudadanos, CHA e IU y la abstención de PP y PAR.
Soro ha considerado que esta norma coloca a Aragón “ a la vanguardia” de las Comunidades en este aspecto, y está pensada “para las personas”, para mucha de las cuales el acceso o el mantenimiento de la vivienda se ha convertido en una de las preocupaciones más importantes, sobre todo después de la crisis, según se apunta en la exposición de motivos de la norma.
En un contexto en el que cada vez son más los sectores sociales sensibles (jóvenes, mayores, inmigrantes, mujeres víctimas de violencia machista y personas en situación de riesgo) que sufren situaciones de exclusión del derecho de acceso a la vivienda o de su mantenimiento, es “fundamental” que la administración pública aragonesa “actúe decididamente para garantizar la efectividad del derecho de disfrute de una vivienda digna y adecuada”.
Es por eso que se dota a la vivienda de una función social, que consiste en su utilización con fines residenciales y su efectiva ocupación.
Con el fin de garantizar esta función social, la ley fija que la administración autonómica podrá suscribir convenios con bancos, sociedades inmobiliarias y grandes propietarios -aquellos que dispongan de más de quince- “para incrementar la oferta de alternativas habitacionales”.
Pero además, se establece la posibilidad de expropiar viviendas en el caso de que se incumpla esta función social de la vivienda, una medida que según Soro es “plenamente constitucional”, como han reconocido los tribunales en varias sentencias relacionadas con otras leyes autonómicas, como la de Navarra.
Y se creará un registro de viviendas desocupadas, únIco para el territorio aragonés y en el que deberán inscribirse todas ellas.
Otra de las novedades de la ley es que fija la obligatoriedad de acudir a la mediación cuando surjan conflictos contractuales relacionados con la vivienda.
Los bancos, además, ha detallado el consejero, tendrán la obligación de informar sobre las personas que estén en riesgo de perder su vivienda, y la administración fomentará la dación en pago.
También ha destacado que la vivienda protegida lo será durante toda su vida útil, y su trasmisión deberá someterse a autorización previa.
Algunos portavoces, por su parte, han mostrado sus dudas acerca de que la norma pueda aprobarse definitivamente esta legislatura, teniendo en cuenta que en marzo se disolverán las Cortes de cara a las elecciones autonómicas del 26 de mayo.
El consejero ha pedido a los grupos que “hagan un esfuerzo” para acelerar los trámites para que pueda ser aprobada esta legislatura.
Por Podemos, Raúl Gay ha mostrado su deseo que de realmente haya voluntad de tramitarla, porque Aragón “no puede” seguir sin esta ley, referida a un problema “muy serio”, como demuestran los 1.789 desahucios que se produjeron, según sus datos, el año pasado y las 3.000 familias que están en lista de espera para acceder a una vivienda social.
Podemos espera que la norma realmente esté orientada a proteger a todas las personas y que reenfoque la forma de entender la vivienda para que esta sea un derecho y “no solo un bien con el que mercadear”.
Por el PP, Javier Campoy ha criticado es “exceso de proteccionismo” y el ánimo sancionador de la ley, al tiempo que se ha preguntado si se ha realizado un estudio económico para avaluar el coste de las medidas que incluye, para que la norma sea “algo más que un cuento de la lechera”.
La diputada del PAR Berta Zapater ha considerado que hasta ahora el Gobierno no ha hecho “nada” por este asunto, no ha dedicado los suficientes recursos y solo se ha sustanciado en “titulares y anuncios de expropiaciones”, por lo que ha vaticinado que el próximo Ejecutivo “la echará para atrás”.
