Las dudas que podía suscitar al principio la conveniencia de crear una comisión de investigación sobre Plaza en las Cortes de Aragón se han despejado celebrada la primera parte, en la que han comparecido medio centenar de personas relacionadas con las obras de la infraestructura y sus consejos de administración.
Prácticamente han asistido todos los protagonistas salvo un olvido: el actual gerente y responsable de que se destapara el caso Plaza, Jesús Andreu, que podría ser citado en un segundo turno, previsto ya para septiembre, sí así lo consideran los integrantes de la comisión. Todos los grupos que participan coinciden en que la comisión está teniendo más utilidad de la que, incluso, podían esperar al principio y están convencidos de que si continúa con esta evolución podrán extraerse conclusiones interesantes para mejorar el funcionamiento y los controles de los consejos de administración de empresas públicas.
Juicio paralelo
Los diputados han evitado en todo momento elaborar un juicio paralelo a las distintas causas judiciales abiertas por los presuntos sobrecostes en la plataforma y que ha llevado a la imputación de varias personas. Todos destacan que el objetivo de las preguntas que formulan estriba en la necesidad de explorar mecanismos que perfeccionen unos consejos de administración, que, a la vista de los testimonios, son insuficientes para detectar cualquier posible irregularidad. Ha quedado patente que los miembros del consejo tenían información, o al menos acceso a ella.
Otra cosa distinta es el uso que hicieran de ella o si demandaban más de la que recibían. Algo que, en líneas generales, parece que no, puesto que todos desconocían --aparentemente-- los informes de Intervención que en el 2006 ya alertaron de sobrecostes y procedimientos irregulares que, sin embargo, no sirvieron para atajar unos desfases que actualmente están bajo investigación en varios juzgados de Zaragoza. Algunos testimonios --como el de los asesores jurídicos, los presidentes de los consejos o, especialmente, el del anterior presidente de la corporación empresarial, José Luis Murillo-- han sido determinantes para que a la vuelta del verano se puedan realizar unas conclusiones que se aprueben de forma unánime
"Fallaron las personas, no los controles", indicó en la última sesión el responsable de Ibercaja, José Luis Rodrigo, a modo de resumen de lo que sucedió en Plaza durante una década de gestión de Ricardo García Becerril, imputado y que fue cesado por Alfonso Vicente "por falta de lealtad" .
Rigor
Todos los diputados que han intervenido en la comisión han hecho un trabajo riguroso, han ahuyentado cualquier atisbo de pugna política y han elaborado preguntas con la intención de extraer unas conclusiones que resulten útiles y los consejos de administración de una empresa pública dejen de ser meros instrumentos de asentimiento para justificar una dieta.
Coordinados bajo la batuta de Antonio Torres, que a su vez ha sido el diputado del PP encar gado de hacer preguntas, tanto Javier Sada (PSOE), como José Luis Soro (CHA), Joaquín Peribáñez (PAR), y Patricia Luquin (IU) han ejercido dignamente el papel que más o menos se les atribuía.
Pero además, esta comisión --en la que servicios auxiliares como el de comunicación, protocolo y el personal de la casa han dado una gran muestra de profesionalidad, venciendo a la perfección incluso dificultades técnicas como dos comparecientes mediante videoconferencia desde Chile-- ha dado ejemplo de lo que debe ser la verdadera transparencia. Los medios han tenido acceso abierto y no se ha ejercido ninguna cortapisa para su libre ejercicio. Y eso siempre es una buena noticia. Las responsabilidades deben ser políticas; las conclusiones, no.
