La Comisión Institucional ha aprobado hoy el dictamen del proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública después de cinco meses de trabajo parlamentario, que será definitivamente debatido y aprobado en la próxima sesión plenaria.

La Comisión Institucional también ha determinado que el socialista Florencio García Madrigal, coordinador de la ponencia en la que se han estudiado las más de trescientas enmiendas presentadas a la ley, expondrá el trabajo realizado ante el pleno el próximo jueves.

De las enmiendas presentadas, 85 lo fueron por Ciudadanos, 70 por Podemos, 60 por el PP, 49 por el Grupo Mixto, 36 por el PAR y dos más por el PSOE.

El texto de la ley recoge además la creación de una agencia de integridad y ética pública, que dependerá de las Cortes y controlará la gestión del Gobierno, y fija un régimen del gobierno en funciones y del traspaso de poderes, al tiempo que regula la actividad de los lobbies y crea un estatuto del empleado público denunciante de malas prácticas en la administración.

Fija el régimen de incompatibilidades y regula los conflictos de intereses y prevé la introducción en el currículo escolar de contenidos que tienen que ver con la integridad y la ética públicas.