La comisión de investigación sobre el plan de depuración de aguas de Aragón se ha reunido hoy de nuevo para intentar dilucidar a qué responsables políticos y técnicos va a llamar a comparecer, un listado que en función de las aportaciones de los grupos supera las doscientas personas pero del que no han trascendido nombres concretos.
La presidenta de la comisión, Marta de Santos, de Podemos, ha comparecido ante los medios después de la reunión para explicar las decisiones tomadas en un encuentro que, aunque ha calificado de "fructífero", ha concluido sin cerrar detalles, como los nombres de las personas que serán "invitadas a comparecer".
Los grupos, ha explicado, han presentado "tal volumen" de solicitudes de información, documentación y de personas que pretenden que comparezcan que es necesario concretar los criterios en una próxima reunión, que se celebrará dentro de quince días, el 21 de febrero.
Ese día se intentará "acotar" la lista, cuando se tome la decisión sobre la fecha a la que se remonta la investigación.
Esta puede ser el año 1995, cuando se aprobó el Plan Nacional de Depuración; el año 2001, en el que el Gobierno de Aragón aprobó la ley de Ordenación y Participación de la Gestión del Agua y el plan de saneamiento y depuración que la desarrollaba, o el 2004, año en el que vio la luz el plan especial de saneamiento y depuración, que abarcaba 171 obras (131 depuradoras y 40 colectores) en Aragón.
La comisión tratará de depurar las responsabilidades políticas que se puedan derivar de la gestión de este plan, que según la Cámara de Cuentas de Aragón adolece de desvíos de fondos, de sobrecostes millonarios y de inejecuciones de las obras previstas.
Según De Santos, aunque en el listado de comparecientes es "evidente" que aparecen responsables políticos como consejeros de Medio Ambiente y ministros o directivos de empresas públicas -el Instituto Aragonés del Agua, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental o Sarga-, la fecha en la que se decida comenzar a investigar marcará qué personas concretas serán llamadas a comparecer.
Hay coincidencias en algunas de ellas, que la presidenta de la comisión no ha detallado, aunque sí ha reconocido que parece evidente que se deberá invitar a quienes firmaron los convenios o los contratos para el desarrollo de las obras previstas en el plan.
Se intentará, además, que las personas que conformen el listado final puedan aportar "información relevante" y no solo opiniones políticas, y para ello es necesario fijar "criterios homogéneos".
Por ahora "no hay vetos" y sí una "colaboración masiva" de todos los miembros de la comisión, ninguno de los cuales, ha dicho De Santos, está "entorpeciendo" el trabajo.
Además, dado el ingente volumen de documentación solicitada sobre más de veinte hitos o conceptos, es necesario esperar dos semanas para disponer de todos los documentos y comenzar la criba de los que finalmente serán incluidos en la investigación.
Lo que sí parece claro, según Marta de Santos, es que dado el gran volumen de comparecientes y documentos, la comisión de investigación deberá prorrogar sus trabajos más allá de los seis meses inicialmente previstos.
