La comisión de investigación de las Cortes de Aragón sobre las responsabilidades políticas de Plaza ha ampliado la lista de comparecientes en doce personas. La cita será el próximo 20 de octubre.
Así lo acordaron ayer en una reunión los grupos políticos que la forman, quienes, además, van a solicitar que por escrito resuelvan dudas o den más datos otras tres personas más, el exconsejero de Obras Públicas y expresidente de la Plataforma Logística, Javier Velasco; el miembro del consejo de administración José Luis Marqués, y el exdirector financiero de Plaza, Pedro Colás.
El coordinador de esta comisión, el popular Antonio Torres, aclaró que se les enviará un cuestionario de preguntas para que contesten. En el caso de Colás, recordó que en su comparecencia ya indicó que no tendría inconveniente en volver a asistir si desaparecía su imputación por el caso Caladero, que fue archivado de manera provisional.
Entre los nuevos nombres resalta especialmente el del actual gerente de Plaza, Jesús Andreu. La denuncia de este hombre ante la Fiscalía Anticorrupción fue el detonante de la investigación que esta detrás de la supuesta malversación de al menos 80 millones de euros en las obras de urbanización de Plaza. En este asunto, conocido como caso saqueo, hay ya 23 imputados entre constructores y directivos de la empresa pública.
OTROS NOMBRES El resto de nuevos comparecientes son la asesora jurídica, Claudia Cabeza; la letrada asesora, Esperanza Puertas; la que fue secretaria del Consejo de Administración de Plaza, María Pilar Lidón; y el arquitecto Guillermo Montaner.
También se ha convocado a quienes fueron interventores generales de la DGA, Alfonso Peña y Ana Victoria Gómez, y a la actual interventora Cristina Quirós, así como al exjefe de Control Interno de Intervención, Mariano Muñoz, y a la actual jefa del servicio de Control Financiero, Rosa María Cisneros.
Finalmente, se ha pedido que asista la exdirectora general de Servicios Jurídicos, María José Ponce, y el actual director general de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, Jesús Lacruz.
La comisión de investigación estima que después de ese día, salvo que se decidiera alguna otra ampliación, se elaborarán las conclusiones. El coordinador de la misma afirmó que serán "cien por cien políticas" y que también se harán "recomendaciones a la Administración pública" para que no se repitan las irregularidades que están siendo objeto del análisis de la justicia.
Durante la primera vuelta los que dieron explicaciones --muchos no lo hicieron porque están imputados y consideraron que las explicaciones hay que darlas ante el instructor -- señalaron que el consejo de administración tenían información, o al menos acceso a ella.
Sin embargo, quedó patente que todos desconocían, aparentemente, los informes de Intervención de la DGA que en el 2006 ya alertaron de sobrecostes y procedimientos irregulares, si bien no se hizo nada al respecto.
Desde el actual Gobierno de Aragón, el consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, manifestó que según un informe hay un agujero de 104 millones de euros debido a las obras inacabadas o no certificadas.
Para el exgerente de Plaza e imputado, Ricardo García Becerril, defendió su actuación y afirmó que "nunca obtuvo lucro alguno que no fuera por su trabajo". "Se están vertiendo acusaciones falsas, también de las esferas políticas", aseguró.
