Las Cortes de Aragón aprobaron ayer una solicitud presentada por Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto para crear una comisión de investigación de responsabilidades políticas por el accidente del helicóptero de la DGA que se estrelló en la provincia de Teruel en marzo del 2011, con un balance de seis muertos. Este punto del orden del día fue aprobado por unanimidad, por los 65 diputados del Parlamento autonómico.

El objetivo de la comisión es investigar exclusivamente las posibles «responsabilidades políticas», como dejó claro la diputada Patricia Luquin, de IU, en la presentación de la iniciativa, que fue seguida por un grupo de familiares de las víctimas desde la parte del hemiciclo destinada a las visitas.

Ramiro Domínguez, de Ciudadanos, expuso que el informe efectuado por Aviación Civil había concluido que el accidente se debió a la falta de calidad de una de las piezas del aparato.

Por Podemos, Marta Prades señaló que la investigación es un deber «justo y ético», y aseguró que los familiares tienen motivos para sentirse «desprotegidos», después de que la causa acabara archivada en vía penal. María Herrero, del PAR, pidió que no se crearan «falsas expectativas», dado que la investigación de las Cortes «no servirá para reabrir el proceso judicial». «No nos oponemos, pero hay que buscar nuevos indicios, nuevas pruebas», dijo.

Darío Villagrasa, diputado del PSOE, afirmó que, al estar cerrada la vía judicial, el objetivo de la comisión ha de ser de orden político». Pidió «prudencia» y «no crear falsas expectativas».

Por el PP, Fernando González manifestó que no resulta sencillo valorar las posibles responsabilidades políticas. Y repitió el mismo argumento que otros grupos políticos de la Cámara. «No pondremos trabas a una comisión de investigación pero creemos que no es bueno crear expectativas más allá de lo posible».

El accidente se registró cuando el helicóptero se dirigía desde su base de Alcorisa a otro punto de Teruel para extinguir un incendio. En un momento dado, la aeronave se precipitó al suelo y fallecieron sus seis ocupantes, casi todos ellos vecinos de distintos pueblos del Bajo Aragón y el Maestrazgo.

Su entierro, días después, constituyó una verdadera manifestación de duelo. La investigación posterior, realizada por técnicos de Aviación Civil, concluyó que se había colocado una pieza defectuosa y que, además, esta no fue detectada en las revisiones. Las aspas se pararon y el aparato cayó al suelo.