La Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales ha debatido hoy dos textos del Partido Popular y Partido Aragonés (PAR) centrados en ayudas a entidades sociales provenientes del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en materia de protección de familias monoparentales.

El órgano parlamentario ha presentado los dos textos, que no han salido adelante, en el primero de los casos por el voto en contra de PSOE, Podemos y Grupo Mixto y en el segundo al recibir el único apoyo de la formación proponente.

Según han comentado fuentes de las Cortes en un comunicado, la propuesta del PP, enmendada por el PAR, reclamaba "dar solución a través de procedimientos legales para atender a las entidades que se han quedado fuera del reparto del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas".

Ante esto, la diputada popular Ana Marín, ha expresado que "es un error que ha perjudicado a muchas personas que se beneficiaban de forma directa o indirecta del anterior reparto que hacía el Gobierno de España".

Además ha apuntado que "las personas y su bienestar están por encima de argumentos políticos".

Por otra parte, la socialista Pilimar Zamora ha trasladado al PP que "fue un procedimiento correcto con todas las garantías y con fondos que eran limitados".

Para Amparo Bella, encargada de posicionar a Podemos, ha indicado que "el reparto se hizo con concurrencia competitiva".

"Que pida que se compense esto no es que sea paliativo, ni un recorte. Es algo que no se ajusta a derecho", ha defendido.

Por su parte, la portavoz del PAR Elena Allué, ha apostado porque "no se escurra de nuevo el bulto" y "se dé de verdad solución si hay voluntad", por lo que ha enmendado el texto en este sentido a través de una modificación 'in voce' aceptada por el grupo proponente.

"La realidad que nos encontramos es un verdadero drama para las entidades sociales", ha asegurado la portavoz de Ciudadanos Desirée Pescador.

Desde el Grupo Mixto, Patricia Luquin (IU) ha recordado que "es una cuestión de argumentos jurídicos y legales" y la propuesta "se salta la legalidad".

Por otro lado, la sesión también ha servido para debatir un texto del PAR que instaba al Gobierno a "que, en el plazo máximo de seis meses, presente un proyecto de ley de familias monoparentales en Aragón donde se defina el concepto y tipologías de las mismas, se reconozcan sus características y necesidades propias y se planteen las medidas oportunas para el desarrollo de políticas e iniciativas sociales concretas que les garanticen apoyo y protección".

Ante la propuesta, la socialista ha compartido la preocupación por la realidad a la que se enfrentan a diario las familias monoparentales pero no ha estado de acuerdo en "que la solución sea traer en seis meses una Ley".

Por su parte, Allué ha defendido que "se han evidenciado cambios en el concepto de familia y las tipologías presentan una realidad cambiante y poliédrica que no se limita al hogar clásico".

Desde Ciudadanos han comentado que "todos somos conscientes del cambio de familia tradicional a familias que pueden diferenciarse". "Un modelo que requiere de empuje y apoyo social", ha explicado, pero "con una ley nacional", por lo que ha coincidido "en el fondo pero no en la forma" de la propuesta.

El Grupo Mixto también ha coincidido en que "no se necesita una Ley porque hay cabida en la legislación actual".

"La sociedad va más allá que las propias leyes y aquí está la realidad", han reivindicado desde esta formación.