La Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua se reúne mañana en Zaragoza por primera vez esta legislatura, tras tres años y medio sin hacerlo, para analizar el desarrollo de las obras contenidas en este documento en una reunión copresidida por la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y la presidenta de las Cortes, Violeta Barba.

En la reunión participarán, por el Gobierno aragonés, los consejeros de Presidencia y de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Vicente Guillén y Joaquín Olona, respectivamente, y la directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Inés Torralba, así como representantes de todos los grupos parlamentarios de las Cortes.

Se analizará el estado de las obras hidráulicas contenidas en este documento, que se rubricó en 1992 y fue posteriormente actualizado en 2003.

Este es el primer encuentro de la comisión en esta legislatura, que no se reunía desde el 17 de noviembre de 2014, aunque está establecido que sus reuniones deben programarse dos veces al año.

Comenzará a las 16.00 horas en el Parlamento aragonés, y está prevista la comparecencia de sus miembros ante los medios de comunicación a las 18.00 horas.

Como novedades, será la primera vez que participen en la reunión representantes de las dos nuevas formaciones con representación en la Cámara autonómica, Podemos y Ciudadanos.

Desde noviembre de 2014 han tenido lugar varios hitos relacionados con las obras que contiene el pacto, entre ellos la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el proyecto de construcción del embalse de Biscarrués por no contar con los estudios medioambientales requeridos.

Además, se ha puesto en funcionamiento el embalse de San Salvador, en octubre de 2015, y se han continuado los trabajos para el recrecimiento de Yesa.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, aseguró ayer que el Ejecutivo autonómico planteará a la ministra en la reunión la necesidad de agilizar el plan de restitución del embalse de Almudévar ante la puesta en marcha de las obras, y que ofrezca una solución para la compensación a los municipios pirenaicos afectados por saltos hidroeléctricos, y la reversión de los mismos una vez finalizada la concesión.