El comité de empresa de Maessa, empresa dedicada a realizar tareas de mantenimiento de la central térmica de Andorra, advirtió ayer que acudirá a Inspección de Trabajo en los próximos días para denunciar la situación que atraviesan los trabajadores. Así lo apuntó ayer el presidente de la representación sindical, Pedro Miñana, después de celebrar ayer una asamblea con la plantilla dirigida a adoptar medidas para frenar los despidos que se están produciendo en la compañía. Paradójicamente, según denuncia el comité, también se está viendo incrementado el número de horas extras de aquellos que todavía siguen en sus puestos de trabajo.

«Se nos quieren reír», manifestó Miñana, que aludió al incumplimiento de la palabra dada por la empresa de paralizar los despidos. El pasado lunes Maessa anunció la salida de tres nuevos puestos de trabajo, recalcó el sindicalista. «Hace unos días solicitamos a la compañía medidas para evitar despidos y nos planteó que, de forma voluntaria, algunos empleados podrían ir a trabajar a Zaragoza (Megasa) y a otro de sus centros en Barcelona. Además, también se barajó adelantar las vacaciones, algo que ya se ha hecho, señaló Miñana.

Sin embargo, al parecer, nada de eso ha servido. Ya son siete los trabajadores despedidos en los últimos dos meses, lamentó. Solo en el último año y medio la plantilla ha menguado en unas 30 personas.

ASAMBLEAS

La plantilla de Maessa no es la única que celebró ayer asambleas. También se llevaron a cabo en otras subcontratas, que ya preparan movilizaciones para cuando la central vuelva a funcionar, ya que lleva parada algo más de tres meses. Una situación que ha provocado también la salida de ocho trabajadores que se ocupan de la descarga del ferrocarril de la térmica.

Por lo pronto, entre las medidas que las subcontratas barajan para las próximas semanas figura la convocatoria de una huelga indefinida, pero también está encima de la mesa otro tipo de protestas, como un encierro. «Todavía no hemos decidido nada», comentó Miñana, que consideró que se esperará a la constitución de los ayuntamientos y del Gobierno aragonés tras las elecciones del pasado 26 de mayo.