Los trabajadores de los Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUSA) reclamaron ayer el apoyo de las Cortes para resolver el conflicto que mantienen con la concesionaria y que suma ya 70 jornadas de huelga. Pidieron a los grupos políticos que respalden al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, para "intervenir" a la empresa si esta incumple el pliego de condiciones, pero no lo lograron. La mayoría de los grupos echó balones fuera y señaló al regidor como el responsable de resolver el conflicto. Aun así, el presidente del comité de huelga, Javier Anadón, insistió en que "el Gobierno de Aragón no puede mirar hacia otro lado" porque ya no se trata de un mero problema laboral, sino "social y político".
Por eso, Anadón pidió al Ejecutivo autonómico que se involucre para alcanzar un "pacto político" junto al ayuntamiento y se obligue a la empresa a que cumpla el pliego de condiciones y el convenio colectivo. Lo hizo en la comisión de Comparecencias y Peticiones ciudadanas de las Cortes, donde no logró el apoyo de todos los partidos. El presidente del comité insistió que con la "intervención de la empresa", es decir, con la municipalización del servicio, "los trabajadores podemos decir que finalizaría el conflicto". Solo Podemos aceptó que se pueda estudiar la medida.
El resto de grupos parlamentarios marcó las distancias y recordó que desbloquear las negociaciones depende solo del alcalde. Aunque todos reconocieron el legítimo derecho a la huelga e incluso coincidieron en que la reforma laboral lesiona sus derechos, todos, salvo CHA y Podemos, insistieron en la necesidad de aumentar los servicios mínimos para preservar los derechos de los usuarios.
"El enfrentamiento entre ustedes y la ciudadanía es algo peligroso", reconoció el portavoz del grupo mixto, Gregorio Briz, que insistió en la propuesta de su partido, CHA, de contar con un mediador independiente ya que las reuniones en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) no han surtido efecto por el momento.
Podemos se quedó solo en la defensa de la gestión de Santisteve. Amparo Bella destacó las "inspecciones continuas" del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), y afirmó: "La postura de ZeC no creo que se pueda decir que no es valiente, sino que está actuando responsablemente". Bella incidió en que hay que enfocar "quién es el enemigo", y criticó que "la empresa no ha hecho ninguna propuesta sobre y eso que tiene pingües beneficios".
Los más duros con la actuación del equipo de Gobierno municipal fueron el PAR, Ciudadanos y el PP. La portavoz aragonesista en la comisión, Lucía Guillén, criticó la "pasividad del alcalde" y reclamó el aumento de los servicios mínimos "para que no paguen justos por pecadores".
Fernando Galve (PP) señaló a "los sucesivos equipos de gobierno socialistas" como los responsables del conflicto laboral en AUZSA y afirmó que "con la construcción del tranvía se rompió la movilidad en Zaragoza y no se puede culpar al PP y a la reforma laboral de este conflicto", ante el estupor del resto de grupos. Galve incidió en que "el alcalde debe garantizar el funcionamiento de los servicios públicos" y criticó que Santisteve "se ha puesto de una parte y ha dejado de lado a los zaragozanos".
No fueron tan críticos desde el PSOE, pero Herminio Sancho también señaló al primer edil como el máximo responsable y calificó de "imprudencia" decretar los servicios mínimos al 33%. Anadón replicó afirmando que "está probado que las huelgas con servicios mínimos más altos duran más". Pero lo cierto es que esta ya es la más larga de las que han mantenido hasta ahora.
Los trabajadores quemaron ayer un nuevo cartucho, pero tras 70 días en huelga ni siquiera hay prevista una nueva negociación con la empresa.
