La compañía aérea ucraniana del Yak-42, UM Air, ha lanzado un duro mensaje a las familias de los 62 militares fallecidos en el siniestro, al afirmar que no pueden exigirle varios de los conceptos incluidos en la demanda interpuesta contra ella porque, como allegados de soldados, "eran conscientes de los riesgos" de una posible muerte. Los afectados solicitan una indemnización total que supera los 52 millones de euros.

En la respuesta emitida a la reclamación presentada en febrero en el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Zaragoza, UM Air indica que los afectados no pueden pedir una compensación económica por los daños morales, de afección --provocados por la pérdida de un ser querido-- y de carácter psicofísico --bajas o posibles tratamientos psicológicos--.

"Son familiares vinculados a las Fuerzas Armadas españolas (...) y no ignoraban que habían estado destacados en un país en conflicto, Afganistán, expuestos a un riesgo cierto y permanente. Impregnadas de esa realidad, eran conscientes de ese riesgo y estaban psicológicamente advertidas para recibir noticias del cumplimiento de tal riesgo...", señala el documento.

Para defender su tesis, la compañía incluso menciona un estudio elaborado tras los atentados del 11 de septiembre por el director del Centro de Estudios Epidemiológicos de la Academia de Medicina de Nueva York. Según ese texto, mes y medio después de los hechos sólo un 7,5% de los afectados presentaba efectos postraumáticos y un 9,7% tenía depresiones.

Además, asegura que "todo militar (...) debe estar dispuesto a morir (...) y sus familias conocen y hasta comparten con orgullo las virtudes y deberes" de la profesión. Conforme a ese razonamiento, estima que "en la gran mayoría de los militares, el sentimiento de grupo, del cual participan las familias, es suficientemente intenso como para reforzar sus defensas psicológicas". "Este aspecto debe tenerse en cuenta para descartar la utilización del dolor en la formulación de pretensiones, a todas luces exageradas. Y esto les hace más impermeables a las situaciones traumáticas", concluye la respuesta.

MAS PRUEBAS Por otra parte, seis de los 30 afectados por los fallos en las identificaciones ya han solicitado a la Audiencia Nacional que autorice la realización de nuevas necropsias y pruebas de ADN a los cadáveres que enterraron por error. Estas peticiones se suman a las realizadas la semana pasada por las 30 familias --una accedió de forma verbal-- para iniciar las exhumaciones.

Sin embargo, fuentes cercanas a la juez Teresa Palacios, encargada de la investigación, apuntaron ayer que la juez se ha limitado a pedir al fiscal su opinión sobre cómo debe ponerse en marcha el proceso, para el que se designaría un único equipo de forenses.

También subrayaron que no tomará decisiones al respecto hasta que estudie la documentación solicitada al Ministerio de Defensa y a las autoridades turcas.