Dos exresponsables de la empresa promotora Naturaleza y Espacio comparecieron ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza en calidad de imputados por el fraude de las viviendas de protección oficial en la urbanización Parque Goya I. En fechas próximas será citado un socio de la citada empresa.

Un año después de iniciada la investigación judicial por la presunta estafa, consistente en el cobro de sobreprecios en dinero negro por parte de la promotora, la juez Natividad Rapún se encuentra a un paso de cerrar el asunto, en el que el fraude ascendería a una cantidad próxima a los 60.000 euros.

Sin embargo, los dos imputados, un hombre y una mujer que acudieron acompañados de su letrado, negaron en todo momento haber cometido irregularidades en la venta de viviendas en la primera fase de Parque Goya, donde promocionaron un total de 67 unidades.

Los imputados señalaron que los pisos fueron vendidos por las cantidades estipuladas legalmente y que no defraudaron dinero a Hacienda. Su empresa, de pequeñas dimensiones, fue vendida tiempo atrás y continúa en el negocio de la vivienda con la misma denominación, pero con gestores diferentes que no tienen nada que ver con los investigados por la presunta estafa.

SEIS DENUNCIAS La juez encargada del caso se decidió a citar a los exresponsables de Naturaleza y Espacio tras interrogar a lo largo de un año a 200 personas que habían adquirido viviendas en Parque Goya I. De todos los citados sólo seis denunciaron haber tenido que pagar un sobreprecio que no figuraba en el contrato, por lo general cantidades que rondaban o superaban los 600 euros. Sin embargo, ninguno de los perjudicados se ha personado como parte en el proceso judicial.

Paralelamente, la Diputación General de Aragón lleva adelante un procedimiento para determinar si existen responsabilidades administrativas en la venta de viviendas de protección oficial en la urbanización Parque Goya.

Una vez terminada la fase de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción número 6 y en el caso de que se detectaran indicios de delito, las actuaciones pasarán al fiscal del caso para que determine el tipo de ilícito penal y se abra la fase de juicio oral.

En el supuesto de que no existieran bases para acusar de un delito, el asunto podría solventarse por vía administrativa por el presunto incumplimiento de la normativa autonómica vigente en materia de venta de viviendas de promoción pública.