Las comunidades de vecinos con piscina privada siguen buscando la fórmula mágica para poder abrir esta refrescante instalación y cumplir con la exigencias sanitarias: aforo limitado, distancias de seguridad, acceso con cita previa o desinfección. Por ahora la mayoría baraja dos alternativas. O contratar a una personas que haga las funciones de vigilancia o que sean los propios vecinos los que se encarguen de las labores de control e inspección, lo que exige una gran implicación. Hay una tercera opción que es no abrir y es lo que va a suceder en las urbanizaciones más pequeñas porque el gasto de mantenimiento de una piscina ya es, de por sí, muy elevado.
Desde Administraciones de Fincas Zaragoza SL explican que contratar un servicio de vigilancia puede oscilar entre los 3.000 y los 4.000 euros al mes, dependiendo de las horas de apertura de la piscina, lo que conllevaría emplear como mínimo a dos personas. Un coste que, aseguran, pueden afrontar las comunidades grandes, con más de un centenar de vecinos. «Las que tienen menos de 40 no abrirán porque les va a suponer un gasto extra muy elevado. En cambio las que tiene 200 o 300 pueden permitírselo, por lo que la mayoría acabará abriendo», comentan. Desde esta administración cuestionan que se haya dejado en manos del presidente de la comunidad la responsabilidad última de decidir qué se hace.
Aunque el calor ya empieza a hacerse notar, muchas comunidades todavía no han podido reunirse para decidir qué hacen ya que están prohibidas las reuniones en grupo. Así que muchas han optado por preparar votaciones telemáticas.
Las labores de desinfección también son un problema ya que no bastaría con realizar el proceso una vez al día. Un servicio que habría que contratar y que elevaría el coste de mantenimiento todavía más. También habría que colocar dispensadores de hidrogel, que es el menor de los problemas.
