La concejala de Zaragoza en Común (ZeC) Adriana Caridad protagonizó el pasado 31 de mayo un rifirrafe con la Policía Nacional en la plaza del Pilar mientras se celebraba una retreta del Ejército de Tierra para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas en la capital aragonesa. Los hechos ocurrieron en torno a las 20.30 horas cuando, al paso del recorrido organizado por las calles del centro de la ciudad, los agentes le pidieron que se identificara, a ella y a su hermano, por entender que había proferido «insultos» contra los participantes en el desfile. Finalmente no se tradujo en una denuncia pero afirmaron que ella hizo valer su condición de edila de Zaragoza en el transcurso de una discusión verbal que no fue a mayores.
Según explicaron a este diario fuentes policiales, los agentes requirieron a Caridad y a su hermano al advertir que ambos se habían puesto a proferir insultos contra los militares que en ese momento pasaban por la plaza del Pilar. Un actitud que ella, en declaraciones realizadas a través de personas de su entorno, niega de forma tajante. «No hubo insultos en ningún momento y, prueba de ello, es que no hubo denuncia posterior. Si hubiera sido así, la habrían hecho», explicaron.
DOS VERSIONES DISTINTAS
Respecto al hecho de que se dirigiera a los agentes poniendo de manifiesto que era concejala del ayuntamiento, también difieren las versiones de unos y otros. Mientras para la Policía Nacional se interpretó como un intento de poner en valor su condición como si eso le pudiera eximir de responsabilidad, a diferencia de cualquier otro ciudadano, para ella fue una forma de recordarles que «conocía perfectamente sus derechos» y para que depusieran una actitud «desafiante y coaccionadora» hacia ella. «Además los concejales tienen el deber de informar de quiénes son a la Policía en estos casos», añadieron desde su entorno.
En su versión de los hechos, ella explicó que se encontraba en esos momentos con su hermano en la plaza del Pilar bromeando «sobre otros temas», es decir, una conversación en el ámbito privado cuando se dirigían hacia las casetas de la Feria del Libro, en la plaza. «En ese momento, se acercaron los agentes pidiéndoles la identificación y asegurando que se trataba de un control rutinario. Ante eso, ella les pidió explicaciones asegurándoles que conocía perfectamente sus derechos y que para hacerlo tendrían que motivarlo, ya que ellos entendían que no habían hecho nada. Creyeron en todo momento que se debió a un malentendido por parte de los policías», relataron las fuentes consultadas por este diario. De hecho, no le dieron mayor importancia a lo ocurrido y en ningún momento temieron una denuncia que, insistieron, no estaría justificada.
Sin embargo, es un desagradable rifirrafe para una concejala que solo hacía dos meses y medio que había tomado posesión de su acta de concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo hizo el 19 de marzo, después de que Teresa Artigas decidiera dimitir de su cargo (era responsable de Medio Ambiente y Movilidad en el Gobierno de ZeC) y renunciara a su acta en febrero.
No obstante, este incidente, que no fue a mayores, cobra más relevancia al sumarse a otras polémicas surgidas en este mandato en el consistorio con respecto a la posición de los ediles de la confluencia en todos aquellos temas relacionados con las fuerzas del orden público. No directamente por episodios protagonizados por ellos, sino por su apoyo a actos en los que se criticaba una labor calificada de represivas o de medidas hacia unidades como la UAPO, ahora Unidad de Refuerzo Flexible, como equipos antidisturbios.
