La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza culminó ayer con una circunstancia inaudita y completamente inesperada. Los concejales que representan a todos los grupos municipales, incluido el responsable de Urbanismo del consistorio, Pablo Muñoz, denunciaron, para que constara en el acta de la sesión, que habían recibido «coacciones» y «amenazas» por parte de una mujer, Delia Maza, que en el pasado fue agente del cuerpo de la Policía Local de la ciudad, y su abogado, Higinio Sorribas.

La denuncia se deriva de los «múltiples correos» enviados al correo electrónico de los concejales de PP, Zaragoza en Común (ZeC), PSOE, Ciudadanos (Cs) y CHA que ayer debían votar sobre un expediente, incluido en un anexo del orden del día, que consistía en conceder a la empresa Comprometidos con el Ocio licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para un bar cafetería en un local de la calle Contamina de la capital. En esos mensajes, el letrado les advertía de que emprendería acciones legales en la vía penal si aprobaban la concesión de la misma.

Un mensaje que hicieron llegar a todos los ediles que debían pronunciarse y votar, y que desde la propia Gerencia se ha decidido dar traslado al Colegio de Abogados de Zaragoza ante un comportamiento que se considera irregular e intimidatorio, sobre todo teniendo en cuenta que cualquier acto administrativo que se decida en el seno del consejo es susceptible de recurso y se puede alegar e incluso apelar a los tribunales para que se corrija cualquier posible error, defecto en el expediente o perjuicio a particulares y empresas que puedan derivarse de la misma.

Previamente, los concejales se asesoraron ante la contundencia de estas amenazas y los servicios municipales les explicaron que se trataba de un acto reglado y que, sin motivos probados que puedan alegarse, lo que tendría consecuencias jurídicas sería su denegación. Así que la aprobaron por unanimidad.