Ninguna de las empresas concesionarias de los servicios municipales está adherida al Sistema Arbitral de Consumo. "Es un contrasentido que desde el ayuntamiento se potencien los derechos del consumidor y, sin embargo, quienes prestan sus servicios al municipio no ofrezcan esta garantía", afirmó ayer la concejal de Juventud, Infancia y Consumo, Mar Herrero, en el contexto del Día Mundial del Consumidor.
El consistorio valoró muy negativamente el que las contratas no estén en el sistema de intermediación para la solución de los conflictos. Un método que viene a sustituir a los juicios, y en el que no están integrados ni el transporte, la recogida de basuras, la limpieza o el mantenimiento de los edificios.
La concejal anunció que ha solicitado a la Delegación de Hacienda un informe para ver si es viable la inclusión de nuevos baremos que puntúen más a aquellas empresas que, a la hora de optar a una contrata, pertenezcan al sistema arbitral. "Si el resultado del mismo es negativo, estudiaríamos otra alternativa para obtenerlo", añadió.
En Zaragoza existen dos Juntas Arbitrales, la municipal y la de la Dirección General del Gobierno aragonés, a las que puede dirigirse indistintamente el ciudadano. En cuanto a los temas más denunciados, son los relacionados con la vivienda, el sector de las telecomunicaciones y los bancos y seguros.
Por primera vez, y para coordinar los trabajos entre consistorio y DGA, el director general de Consumo, Vicente Piñeiro, anunció ayer un convenio de colaboración con la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Zaragoza, que se traducirá en una aportación económica de 42.000 euros para este año.
Tanto Piñeiro como Mar Herrero visitaron ayer los puestos que las asociaciones de consumidores colocaron en el paseo Independencia para informar al ciudadano y potenciar el asociacionismo. "La información que el consumidor tiene es amplia, pero nunca suficiente", aseguró Olvido Blasco, presidenta de Torre Ramona. "La Administración debe ser consciente de que ofrece unos bienes y servicios dirigidos no sólo al ciudadano, sino a un consumidor que tiene derechos", añadió José Angel Oliván, presidente de la UCA.
